DEFENSORES INDÍGENAS DE DERECHOS HUMANOS

San Cristobal de las Casas. 23 de Noviembre de 1999

Una red de defensores indígenas de los derechos humanos, viniendo de diferentes comunidades y regiones de Chiapas, se está organizando. Esa iniciativa resulta de la imposibilidad de las comunidades de defenderse  jurídicamente cuando los culpables son agentes públicos, o  miembros del ejercito, de la seguridad pública o de la policía judicial ; cuando ya es evidente que no serán llevadas a cabo ni investigaciones ni procesos jurídicos. Tiene su razón también en la defensa contra la impunidad que protege a los grupos paramilitares, y deja sin condena sus crímenes.
Un ejemplo es dado por un defensor quien viene de la zona norte y recuerda que los asesinos de José Tila (22/02//1998), excepto uno de ellos y a pesar de ordenes de aprensión emitidos en contra de ellos,  están de vuelta en sus casas, siendo autores de nuevas agresiones hacia las comunidades.

Los defensores son nominados y delegados por sus comunidades de origen. Estas 130 personas vienen de una decena de regiones chiapanecas. La red permitirá coordinar y hacer llegar las informaciones, está organizándose.
Muchos de ellos comentan que la impunidad está fortalecida por el aislamiento de las comunidades y estar rodeadas por militares y paramilitares. Entonces la dificultad queda bastante en la salida y la transmisión de las noticias, denuncias, quejas. Por ejemplo, el padre de José Tila, amenazado como testigo por los mismos asesinos de su hijo, no ha podido llegar a San Cristóbal para dar su testimonio un año y medio después de los hechos.
Los defensores explican que sus comunidades, además de nominarles, se organizan para protegerles. Ellos están especialmente amenazados.

La tarea de los defensores es de investigar sobre los hechos, escribir las denuncias, llevar las quejas al ministerio público, hacer el seguimiento jurídico.. Papel que ya algunas instituciones y autoridades les están contestando. La formación jurídica, financiada en la mayoría de los  por ONG y fundaciones Norte-americanas, es hecha por un grupo de personas competentes alrededor del abogado Miguel Angel.
Se desarrolla especialmente la formación en vídeo, herramienta importante para sacar las primeras pruebas de lo que ocurre. La realización de vídeo ha permitido fortalecer la posición y la palabra de los indígenas, cuando sus testimonios se enfrentan a los de los militares o paramilitares.
Un defensor cuenta que ha gravado en vídeo la ataque de paramilitares en contra de un joven indígena que vive en un municipio autónomo.

En fin, el estudio jurídico y el análisis de la legalidad les permite enfrentarse mejor a una realidad en Chiapas, donde se aplican de facto reglas excepcionales (guerra de baja intensidad) en el marco de un contexto legal que se parece mucho a un estado de sitio o de emergencia. Otra cara de esa realidad, dicen, la ley de remunicipalización y sus modalidades de aplicación, que está en contradicción con los acuerdos de San Andrés.
Un defensor da el ejemplo de lo que sucedió en diciembre de 98 en su comunidad, Petalcinquo, Tilla. La asamblea del municipio rechazó la remunicipalización. Las 1500 personas presentes, han firmado esa decisión. Desde luego, un grupo de 100 hasta 150 priistas, se organizan para imponer la remunicipalización a pesar del voto. Falsos documentos han sido hechos, en nombre de las autoridades del municipio, con falsos sellos y falsas firmas. Los defensores organizan la investigación.
A una pregunta sobre diferencias entre derechos indígenas y derechos humanos, unos defensores explican que quieren también desarrollar su tarea con respeto a los derechos indígenas, o sea en el marco de costumbres que buscan resolver problemas locales con herramientas comunitarias, colectivas: de diálogo y consenso.