Martes 23 de noviembre.
Asisitieron a la reunión por parte del Gobierno del Estado de Chiapas: Alfonso Utrilla Gómez (Secretario para el Desarrollo Agrícola),  Eduardo Montoya Liévano (Procurador General de Justicia de Chiapas), César A. Corzo Velasco (Secretario para el Desarrollo Turístico), Ismael Delfín Cristiani (Secretario Técnico de Gobierno), José Alfredo Castellanos Domínguez (Subsecretario por el Desarrollo Social), Lourdes Morales (Coordinadora del área de derechos humanos

Secretario Técnico de Gobierno: En la atención a los desplazados el gobierno del estado ha trabajado en la atención a la salud y a la educación y en las cuales se ha brindado todos los servicios necesarios en las comunidades. Se trabaja en el abasto en coordinación con la Cruz Roja. Estamos en coordinación con ellos dándole un trabajo organizado que se está llevando a cabo en las comunidades de Chies, Polhó, Acteal, X'oyep, Tzanembolom, Tzajalchén, entre otras comunidades. Y esto, lo mismo, se viene dando en una atención integral para trabajar en relación con el tejido social de las comunidades y hacer un trabajo adecuado cuando estos tienen  que retornar... y una de las cosas cuando se trabaja en el retorno de las comunidades, se trabaja también en atender de manera parcial (dudas del interlocutor), de manera imparcial a las comunidades que reciben nuevamente a las personas que se desplazaron. Con esto vamos dando una atención equitativa, una atención contundente entre las acciones gubernamentales que se vienen realizando en atención a la salud, a la educación, al despido y al suministro de alimentos.

Esto se viene trabajando de manera coordinada entre las acciones que son con la Cruz Roja mejicana, la Cruz Roja chiapaneca, el gobierno del estado a través del secretariado de protección civil y que, además, de manera programática, de manera bien definida de cómo ingresar a las comunidades, darles la atención y con abasto suficiente. Eso es lo que tenemos en materia de atención.

Yo creo que fundamentalmente lo que debemos destacar es una voluntad compartida de acciones del gobierno con las propias comunidades, convencidos, no obligados, a tomar decisiones de reincorporarse a una vida armónica, porque las condiciones hoy, de seguridad, de respeto, de derechos, permiten que esto pueda darse con garantías para todas las personas. Ya es también importante que se diga que la atención de salud, la atención de educación, de vivienda, de alimentación, de oportunidades de trabajo, se hacen equilibradas para quienes están y para quienes regresan. No tenemos chiapanecos de primera ni chiapanecos de segunda. Son bienvenidos quienes vuelven, no los obligamos a venir. Pero las condiciones son mucho mejores y de fuera están volviendo, por su propia voluntad, integrados y reagrupados por sus propias comunidades. Esto es lo transcendente y esto podrá acreditarse en sus observaciones y en sus visitas.

Otro tema que encontramos de interés en su informe, es el relativo a aspectos de justicia. Destacan varios apartados de esa nota sobre justicia y sobre ese tema, que está muy relacionado con el de seguridad, quisiéramos que nos pudiera hacer algún comentario el señor procurador del estado. Sabemos que ustedes tendrán una reunión posterior con el señor Presidente del Tribunal y él podrá abundar ya en el aspecto propiamente de justicia ya en el ámbito de la división de poderes que existe en Chiapas y que se respeta estrictamente. Pero estando tan ligado uno con otro, porque hay órdenes de aprehensión, hay mejoramiento de las condiciones de seguridad, hay un restablecimiento de la confianza, si nos hiciera favor el señor procurador de hacernos algún comentario.

Procurador de Justicia: En relación con el primer tema de los desplazados, es muy conveniente hacerles el conocimiento que en días pasados, el presidente municipal de Chenalhó, precisamente donde está el área de mayor incidencia en dispersados, hizo una serie de declaraciones en las que también lo hicieron por escrito sesenta y tres agentes municipales de Chenalhó, donde dan el mensaje a todos los desplazados y les piden que regresen a sus lugares de origen, donde ellos mismos en el documento que ellos están firmando y que también se los van a entregar a ustedes, sino es que han llegado al Chenalhó, sino lo hará el presidente municipal acá a la Comisión, para que donde se les da toda la protección toda la comunidad de municipios de Chenalhó, les brinda toda la protección, les respeta todo lo que corresponde a sus áreas donde tienen sembrados sus cafetales, los apoya, les devuelven y los apoyan para su vivienda y les dan la seguridad que se requiera para que sean totalmente bien recibidos y se reintegren a sus comunidades de origen.

Eso es importantísimo, porque anteriormente no existía esa comunicación directa entre los desplazados y las autoridades municipales. Pos eso, le han patentizado tres veces al señor gobernador del estado y lo han hecho público por todos los medios, esta atención que se le quiere brindar y se le está brindando a los desplazados de toda la región de Chinaldó. Esto es muy importante, se les está preferenciando.

Señores, yo represento lo que es la procuración de justicia en el estado de Chiapas. Con toda seguridad, después de la seguridad interna del estado, la de más importancia. En su momento, la más cuestionada.

Sé que ustedes vienen en buena lid. Sé que ustedes son gentes pensantes. Con toda seguridad ustedes saben de que cuando llega el gobernador Albores a hacerse cargo de Chiapas, del poder ejecutivo, se encuentra entre otras cosas con el más grave problema de todos, el de la desconfianza. Una desconfianza generada porque de 1994 a 1997, las autoridades encargadas de brindar seguridad jurídica a toda la población, seguramente equivocaron la política de buena fe del gobierno federal, en el sentido de privilegiar el diálogo. Sin embargo, este privilegio llevó a grupos de delincuentes, de 1994 a 1997, bajo el amparo entre comillas, porque jamás el gobierno del estado ha hecho conexión entre el EZLN y los grupos de delincuentes.

Sin embargo hemos aceptado y la opinión pública ha dado cuenta, de grupos de delincuentes organizados dedicados al secuestro, al alijato, al asalto, al robo, al homicidio, crecieron increíblemente al amparo del movimiento social. Esto, les repito, bajo el pretexto del movimiento armado. La autoridad en su momento tuvo miedo de aplicar la ley porque sentía que iba a afectar al diálogo. Una interpretación errónea de la buena fe del gobierno federal. ¿Por qué una interpretación errónea? Porque con esto se generó impunidad. Impunidad es falta de aplicación de la ley en su momento contra los delincuentes. ¿Y qué generó esto? Generó entre otras cosas que la gente decidía hacerse justicia por propia mano. ¿Quieren un ejemplo? Acteal. Ese triste ejemplo de Acteal, al que el gobernador Roberto Albores determinó que nunca más vuelva a ocurrir en Chiapas. Y de ahí que su compromiso fuera: “vamos a aplicar la ley.” Pero algo que yo les decía a ustedes, yo entiendo que ustedes son gente, leí sus antecedentes, de buena fe y sé que me van a entender como procurador de justicia. Nosotros no perseguimos ideas, ni religiones, ni posiciones políticas. Eso ha quedado muy claro. Quiero decirles que bajo el liderazgo de D. Roberto Albores Guillén, la procuraduría de justicia del estado se regeneró. Primero se limpió a sí misma. Tuvimos que meter en la cárcel a policías corruptos, a muchos policías corruptos. Tuvimos que meter en la cárcel a militares públicos que no cumplían con su deber. Ahora ya los hemos preparado. ¿Y qué les he dicho a la opinión pública? Lo que el sistema nacional de seguridad dice. Tenemos casi al cien por cien de los secuestradores en la cárcel, los que venían operando de tiempo atrás.

Tenemos casi erradicado el delito de alijato y de asalto en carretera. Sí, eso había ahuyentado el capital de Chiapas y nos había afectado a todos por igual, a indígenas y a mestizos, a empresarios. Al no venir capital a Chiapas, éramos un pueblo cada vez más pobre, a pesar de que aquí generamos riqueza, electricidad, petróleo, somos un pueblo pobre. Y aquí lo más importante de todo, una determinación del gobernador. Se aplica la ley sin distingos. No vamos a permitir otro Acteal. Las autoridades no van a cometer más omisión. Pero algo más importante, el gobernador Albores reconoce y ha reconocido todo el tiempo desde que asumió su mandato, de que la causa que originó el levantamiento armado fue justa. Y el gobernador Albores ha tomado como propios las banderas de justicia social, de justicia a secas, así, de llevar progreso a las comunidades.

Entonces, la única forma de que Chiapas pudiera salir adelante es, bueno, que las instituciones cumplan con su deber. Muy desafortunadamente, grupos radicales han querido encontrar en cada una de las buenas acciones, pretextos para decir que el gobernador Albores pretende confrontar a grupos, cuando en el fondo el gobernador lo que ha querido hacer es: vamos a hacer justicia para no más Acteales; vamos a propiciar que la autoridad cumpla con su deber moral, para que la sociedad crea en nosotros. Ahorita señores, somos el segundo estado del Sureste de la República Mexicana con menos índice de delincuencia en el Sureste de la República Mexicana. Ahí están las estadísticas. Esto a lo largo de diecinueve meses. Que ha implicado esto un esfuerzo enorme.

Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la determinación política de continuar con el diálogo de buena fe y que ustedes se acaban de enterar. Su servidor el procurador de justicia, por órdenes del gobernador de Chiapas y en relación con la carta de buena fe que envió al gobierno federal para que se renueve el diálogo. Nos desistimos a favor de cuarenta y ocho personas que estaban siendo procesadas, simpatizantes zapatistas. Y acaba de ocurrir. Los últimos salieron hace aproximadamente 36, 48 horas. No salieron absueltos, los desistimos, por que no había delitos en los que hubiese corrido sangre. El gobernador Albores tuvo esa determinación de dar el primer paso, y nosotros seguiremos dando muchos más. Estamos trabajando con el poder judicial de Chiapas que son un poder ajeno, es un poder independiente al nuestro. Pero estamos trabajando juntos por la seguridad con el presidente del tribunal de aquí. Habrá más casos que revisar. Esperamos que la próxima semana tenga yo ya un recuento para el efecto de que con la autorización del gobernador pueda yo desistirme y más simpatizantes zapatistas que no hayan incurrido en delitos graves, pudieran salir a la  calle. Porque les repito, nosotros no estamos persiguiendo ideologías políticas, eso que quede muy claro, estamos persiguiendo a delincuentes.

Se nos ha criticado en muchas ocasiones pero sin justificación. Sé que ustedes entenderán el mensaje de quien tiene la responsabilidad de la seguridad ante la ley, ante la sociedad y ante el gobernador de Chiapas. La historia nos va a juzgar como un gobierno que en este momento está tratando de cumplir con su deber. La sociedad no creería ya en nosotros. El ganadero ya estaba comprando su pistola para defender su rancho de que no entraran a robarle su ganado. El campesino quería comprar su "riflito” calibre 22 para defender su ejido. Eso no podía seguir ocurriendo en Chiapas. Recientemente, hace poco, hace algunos días, entre campesinos, con un “riflito” 22, con motivo de un problema de tierras, tuvieron conflictos serios. Metimos a la cárcel a las autoridades ejidanas. Que quede claro, si lo mismo metemos a la cárcel a un político, que lo mismo metemos a la cárcel a un rico, que a un campesino que no entienda que la justicia por propia mano ya no la hacen. Es una labor difícil pero estamos lográndolo.

Las estadísticas ahí están. Ojalá que este sea el camino porque entendemos que si seguimos tratando a toda la sociedad por igual, entonces vamos a llegar a la conclusión que la ley sale sobrando, que no habría razón de existir en la constitución una ley penal y como consecuencia la ley de la selva vendría a afectarnos a todos y al rato se crearían grupos civiles armados y cada cual defendería su forma de pensar, su religión, su partido político, y eso no va a existir en Chiapas. Aquí el gobernador Albores, contra todo lo que he dicho, grupos que nos han informado del exterior, quiere que a todos los desarmemos. Y quiero decirles también que todos los días tenemos personal disperso. Ustedes lo vieron seguramente por las carreteras. Policías nuestros, perfectamente identificados, ya no aquel policía torpe, grosero, no, que a todos por igual. Desde un coche lujoso hasta un camión, les piden con respeto que les permitan revisarlos, para que no lleven armas, para que no lleven drogas. En ese sentido ha bajado el índice de mortandad en Chiapas por muerte violenta. Pero lo ideal sería que algún día de forma propia, todos depusieran alguna “armita” que a lo mejor tenemos porque no creemos en la ley. ¿Por qué compro mi pistola? Porque la policía no sirve. Les queremos demostrar que la policía sí sirve y que es decente, y ya no justifica que yo ande mi arma, porque no hay necesidad, porque mi adversario merece respeto.

Hay pueblos en Chiapas como Agua Fría. Seguramente ustedes conocen el triste problema de Agua Fría. A mí me tocó tratarlo cuando era subprocurador operativo. Fui personalmente el día que ocurrieron los hechos y les quiero decir, casi personalmente detuvimos al responsable. En todos los comadres es donde entre hermanos, en un pueblo donde existen doce casitas, estén tan odiados entre sí porque no son capaces de entender que tú eres perredista no te lo perdono. Tú eres priísta, tampoco te lo perdono. Aquí ese odio se había generado. Ahora, se acostumbraron ya a nuestros patrullajes, ya se dieron cuenta que no estamos hostigando. Es su propia seguridad. Eucaristía no quería la presencia de la policía. Fui a platicar con ellos en tres ocasiones por orden del señor gobernador, y créanme, me da mucho gusto saber que ahora la policía entra y sale y  lo mismo recibe de los perredistas que de los priístas, un refresco, a veces les llevamos alguna ayuda, y ese odio que había, que ese muchacho fuera emboscado de forma tan artera, iba a traer como consecuencia, si no actuábamos, de que al rato, toda la familia del asesino hubiera amanecido muerta, porque había la necesidad de venganza. A través de don Roberto Albores con la nueva política, se ha evitado eso. Esto es grosso modo, parte del proyecto de lo que es procuración de justicia, señores.

Secretario Técnico de Gobierno: En la reunión de ayer, ustedes nos manifestaban interés por conocer, aparte de los temas particulares que ha mencionado el ingeniero Ismael Delfín y el señor procurador, relacionados con el informe anterior de ustedes. ¿Cuál era la posición y cuál era la acción y la orientación de gobierno en relación con los derechos humanos?

Muy breve para no abusar de su tiempo. Yo quisiera hacer algunos comentarios adicionales. Uno de ellos, tal vez de donde parte todo esto, está referido a un tema que menciona el procurador. Es garantizar la aplicación de la ley y establecer el estado de derecho. Esta es una de las prioridades que se han fijado como objetivos de mayor trascendencia en la administración del gobernador Albores. Para lograrlo tuvimos un primer encuentro con todo el pueblo de Chiapas. Se hizo una gran consulta, una votación sin precedentes, en la que toda la sociedad, los campesinos, los empresarios, los ganaderos, los indígenas, los estudiantes, manifestaron cual era el reclamo más sentido, y el mayor fue el orden, aplicación de la ley, estado de derecho, seguridad. Hacia allá enfocó el gobierno su primera acción. Evidentemente, para que esto sea congruente hubo la necesidad de fortalecer el aspecto legislativo y darle un marco jurídico a toda la acción de gobierno. Y en ese marco jurídico encontramos soluciones muy importantes, tan importantes como la ley de derechos y cultura indígenas que llevó ya un significado específico al respeto de las tradiciones, al conocimiento de que la comunidad indígena tiene sus propios conceptos de vida y al enmarcar ese concepto de vida indígena con sus propias costumbres. Sus usos, su tradición y su justicia, a un marco constitucional. Dejó de haber enfrentamiento. Hubo conciencia de complemento. Hoy conviven, y ustedes lo habrán visto en las comunidades indígenas, las autoridades tradicionales con las autoridades constitucionales. Hemos logrado esa posibilidad de convivencia.

Trabajamos también, intensamente, por acercar el gobierno a todas las comunidades, en dar un marco constitucional a realidades de cercanía y de participación en el gobierno, y avanzamos, y estamos avanzando. Fuera muy importante en la creación de nuevos municipios. La remunicipalización está en el marco de la ley, en el respeto a la ley participando. Quienes están cediendo espacios para los nuevos municipios y quienes están recibiendo las nuevas oportunidades de nuestro gobierno. Siete municipios constituidos jurídicamente con perfección al respeto de la división de poderes, propuestos por el ejecutivo, sancionados por los diputados de nuestro poder legislativo. El gobernador propone, envía la iniciativa y la solución, evidentemente, viene de quienes tienen la atribución de legislar. En Chiapas y en Méjico legisla el poder legislativo. Tenemos un cuidado expreso de que esto se realice de esa manera.

También tenemos la justicia indígena como un ejemplo que debe seguirse en todos nuestros retos de posibilidades con las comunidades. Hoy tenemos juzgados de paz y conciliación indígena, en el que las autoridades tradicionales, en sus usos y costumbres, sin despegarse del marco constitucional, tienen la posibilidad de dar el trato específico a las condiciones específicas de quienes requieren un impartimiento de justicia que de respeto a esa tradición y a esa costumbre. Evidentemente, también es importante mencionar lo que ya decía y mencionaba con mucha fruición el señor procurador. Respeto a la seguridad no es tan sólo bajar el índice delictivo, es el libre tránsito por las carreteras de Chiapas, es el no invasiones, ni balas... Con precisión absoluta les podemos asegurar que en la administración de Roberto Albores no hay una sola invasión que no haya sido resuelta. Preciso, de las que corresponden a su administración. Pero además, hemos seguido siempre encontrando solución a situaciones que ya encontró este gobierno, y que siguieron avanzando. No hay secuestros. Investigamos todo y estamos resolviendo el problema. No hay impunidad hacia nadie, ni desequilibrio en la aplicación de la ley.

Se ha hablado mucho de temas que parecieran que no deben tratarse en una mesa y menos por parte del gobierno. El aspecto del desarme. Que quede claro, el desarme no pretende ser en Chiapas una situación que desconozca la legislación federal. Chiapas favorece las posibilidades de ese tránsito a la normalidad y al trabajo, porque está convencido el gobernador y el gobierno que con el trabajo, con la recuperación de la confianza, con la oportunidad de tener un ingreso, con la posibilidad de que haya alimento, salud o vida, es a donde vamos a consolidar la paz. La paz no se consolida por decreto. Quien no tiene oportunidades tiene que buscarlas. En Chiapas estamos creando las oportunidades, sin invadir el terreno federal, siendo puente entre quien decide hacer algo y quien tiene la atribución para resolverlo. No hay invasión, no hay desconocimiento ni indisciplina ninguna, naturalmente. Son acciones, una y otra y otra que vienen sumándole sentido. ¿Pero para qué hacer esto sin un marco real? Hay una comisión estatal de derechos humanos. No hay precedentes de lo que ha hecho Chiapas en cuanto a comisiones de derechos humanos. Tienen autonomía, no dependen jerárquicamente nuestra comisión, del ejecutivo. Tienen características de un organismo de estado, que tiene la posibilidad de tomar su propio criterio y actuar en su propio rumbo.

El gobernador la ha respetado y ha enviado la iniciativa al Congreso para conferir autonomía plena a la comisión estatal de derechos humanos. Incluso, el nombramiento del presidente de la comisión estatal se realiza con una propuesta del gobernador, una terna, y es sancionada por el Congreso. No hay antecedentes. Ningún otro estado, o si los hay, no tan claramente como Chiapas ha tenido la decisión de conferir ese tamaño y esa representatividad a la comisión. Nuestro trato con la comisión estatal es respetuoso, pero es cercano. No lo consideramos como un organismo de molestia, al revés, como un organismo de ayuda, de enriquecimiento. Le damos seguimiento a las quejas, atendemos las recomendaciones. A veces coincidimos, a veces no, pero los respetamos. Y con la comisión nacional, tenemos hoy un ejercicio absolutamente institucional y respetuoso. No sólo atendemos lo que pueda ser imputable a esta administración del gobernador Albores. Casi no tenemos ninguna recomendación de este ejercicio, o de esta administración de gobierno. Las más que hemos recibido corresponden a hechos sucedidos antes de que llegara el gobernador. Por igual se trata, somos institucionales. Con la comisión nacional tenemos, todos los meses, una reunión de cercanía para conocer como vamos solventando y acreditando. No hay papel, en hechos. Nuestra realidad es suficientemente buena para no desconocer que algunas cosas podemos y otras cosas no podemos, en fin. Pero hacemos el esfuerzo y hacemos lo más que podemos.

Hoy Chiapas es otro Chiapas. Hoy Chiapas tiene un esfuerzo muy orientado a la actividad productiva, a la comunicación, a la generación de oportunidades de empleo, al equilibrio de las comunidades, al fortalecimiento de la salud, a la vivienda. En Chiapas se han hecho en un año, o año y medio más o menos, más de 20.000 viviendas. No hay quien haga tanto. Y lo hacemos participativo, con la comunidad trabajando, con el gobierno encauzando, con todos de acuerdo. La virtud del gobierno de Albores es que está acercando la toma de decisiones a las comunidades. Tenemos hoy los consejos comunitarios que son órganos participativos de la comunidad. Las comunidades son consultadas, las comunidades opinan, las comunidades resuelven cuáles obras y en que lugares, en mayoría y en consenso. El gobierno no es autoritario, es encauzador. Como decía muy bien dicho el procurador, la insurgencia social en Chiapas la encabeza Roberto Albores. La insurgencia social, es decir, el reclamo, el que lo encabeza el que es el líder de la insurgencia social es el propio gobernador.

No nos enfrentamos, que nadie venga a hacer liderazgos que el propio gobernador reconoce y que el propio gobernador aprende. Y eso, les insisto, todo es demostrable con hechos. Decíamos antes, les decíamos a ustedes. Ustedes han venido a Chiapas ya hace varios días. Sabemos de su presencia, no hemos interferido. No habrán notado nunca que nadie los esté vigilando, ni que nos estamos metiendo, y esto si que será por condición de ustedes. Si ustedes no la piden, no será. Estamos seguros de que estamos por el buen camino. Y tan seguros que ni para la visita de ustedes, ni para la visita de la señora Robinson, estamos buscando ningún disimulo. Aceptamos nuestra realidad, somos lo que somos y estamos orgullosos de cómo vamos. Este es un poco de semblanza de lo que yo hay en Chiapas.

CCIODH: Le pido por favor por los presos. El grupo y la comisión han visitado los presos de Yajalón. Ellos dicen que están injustamente acusados por delitos erradicados, primer punto. Segundo punto, se consideran como presos políticos y sin embargo están mezclados con los presos comunes. Tercer punto, ellos no tienen asistencia médica. Si están enfermos tienen que pagar al médico y si no tienen dinero no pueden curarse.

Secretario Técnico de Gobierno: Creo que esta propuesta se la vamos a dar con todo su contenido al gobernador. Lo que respecta a presos políticos muy clara la exposición. Ojalá que ustedes vean clara mi exposición. En Méjico el Ministerio Público, o sea, la procuraduría de justicia del estado, el Ministerio Público, es la única institución que puede investigar y perseguir delitos. El órgano judicial por si mismo no puede hacerlo. El Ministerio Público, para consignar ante un juez, tiene que demostrar primero, que se cometió un delito, y los delitos están definidos en el código penal. El código penal dice: comete delito de homicidio, tal, tal, tal; comete delito de alijato; comete delito de despojo...

Normalmente en Chiapas nos hemos encontrado con que algunos integrantes de partidos políticos que incluyen el partido del PRI, han incurrido en delitos graves y otros delitos no tan graves como el delito de despojo. En Yajalón tuvimos una plática anoche todavía con los dirigentes de La Voz de Cerro Hueco. Nos llevaron la lista de aproximadamente 104, 110 supuestos presos políticos, y quiero comentarle que teníamos la mejor intención de checar no hay delitos políticos, para empezar. Pero hay delitos que tienen su origen en la tenencia de la tierra. Aquí, durante mucho tiempo, lo que decía el señor secretario de turismo o lo que hoy es una realidad. Darle seguridad lo mismo al ejidatario que al pequeño propietario, sí. Darles las mismas seguridades, que pueda producir su tierra sin temores, lo que antes no ocurría. Anteriormente había invasiones de ejidatarios a ejidatarios, de ejidatarios a pequeños propietarios, de pequeños propietarios que abarcaban tierras comunales, etc.

Entendemos que esa situación se daba, pero en el código está prevista como un delito. Esos delitos las autoridades agrarias han venido solucionándolos a partir de don Roberto Albores. Se han comprado algunos terrenos. Entonces, como dado el interés jurídico por parte del ofendido: “A mí me quitaron mis tierras, me quejo ante Ministerio Público. El Ministerio Público ordena la consignación, se libra auto de prisión, se lleva a la cárcel a quienes propiciaron la invasión y se restituye el bien y el orden judicial. Pero cuando se ha restituido el bien, cuando el afectado ha recibido su dinero, intentamos acabar por liberar a los reclusos. Donde no hubo delitos de sangre, estamos intentando ayudar al campesino, a la gente pobre, no son presos políticos. Pero, desgraciadamente, en el caso de Yajalón, el 98% están acusados de homicidio. El problema aquí está en que no son presos políticos. El problema aquí está en que un priísta mató a un perredista, un perredista mató a un priísta. Esos son delitos independientemente de cual sea su ideología política, de ahí que venga la confusión. Para consignar se necesitan muchas evidencias, testimoniales, pruebas judiciales, y todo indica una presunta responsabilidad. Es el juez el que ha valorado en una sentencia, pero nosotros no nos comprometemos a desistirnos en casos graves como homicidio, violación o delitos de secuestro. Desgraciadamente, muchos de ellos se encuentran en la lista de los presos comentados y luego no se entendieron. Es muy distinto manejar un asunto de despojo que de homicidio. Al rato, la misma comisión de derechos humanos se iría contra el procurador si se desiste. Entonces, aquí en Chiapas, no existen presos políticos. Existen políticos que están presos, pero de todo tipo de ideología. Ahí también tenemos políticos presos no precisamente indígenas ni mucho menos.

 Y seguidamente, querría aprovechar este espacio para comentarles sobre los municipios autónomos. Tengo entendido que ustedes iban a preguntarme sobre esto y me adelanto. Jamás el gobernador de Chiapas ordenó que se desmantelaran esos municipios. Caso Taniperla: en el ejido de Taniperla son los arrendatarios quienes se querellan, porque los integrantes del nuevo gobierno autónomo afectaron tierras de los ejidatarios, y ellos van ante el Ministerio Público y exigen que se aplique la ley. Aquí había un delito de agravio entre campesinos. En el caso de Aguatinta, no fuimos porque no hicieron acción punible, tan sólo efectuaron declaraciones, y por eso no vamos a juzgar a nadie. Sin embargo, en Taniperla, entre otras cosas, tenían cárceles clandestinas y tenían casi en jaulas, porque de eso dio cuenta la prensa, durante 17 días detenidos a extranjeros, a guatemaltecos. Como comprobamos cuando fuimos allí. Por una deuda de carácter civil, y eso está prohibido por nuestra constitución. Nadie puede ser privado de su libertad por una deuda de carácter civil. Entonces, entre otros delitos, estaba el de privación ilegal de la libertad en agravio de extranjeros. Ahí se fue y se detuvieron a los responsables del gobierno autónomo involucrados en esto. Entonces se disolvió el famoso municipio autónomo. Pero el objetivo nunca fue afectar a quienes, por alguna razón buscaban mantener una acción política. Estaban cometiendo delitos sancionados por el código penal.

En El Bosque se tuvo que cumplimentar órdenes de prisión porque habían cometido 9 homicidios a lo largo de 3 meses. El agravio personas de un ejido que no simpatizaban con el resto de la población, y vinieron a estas oficinas diciendo: “O actúan o nosotros vamos mañana a las 5 de la mañana a hacernos justicia por nuestra propia mano.” Tuvimos que ir y, desgraciadamente, el gobierno del estado tuvo que asumir su propia responsabilidad, les repito, porque no queremos más Acteales, más confrontaciones entre civiles. Entonces, todo tiene una razón de ser, aquí no hay delitos políticos. Se lo digo con toda mi honestidad. Nuestro código penal, con mucho gusto le haré llegar el código penal de Chiapas, que refleja delitos graves que son los que atentan contra las personas en su integridad, o contra las personas en su patrimonio. Y respecto de lo de la prisión de salud, el señor secretario le informará.

Secretario de Salud: Muy bien. En relación con lo de salud que se le ha estado brindando, con relación a la pregunta que hizo sobre Yajalón, le comento que han estado completamente bien atendidos. Tenemos nosotros revisiones permanentes que se hacen a través de cada uno de los directores de estos centros penitenciarios, y además están las revisiones médicas periódicas para que se determine el estado de salud de cada uno de los reclusos. Tenga la seguridad que por ese lado no tenemos nosotros quejas permanentes.

CCIODH: Según informes que tenemos, que fueron publicados por el consejo de la unión, testimonios de las comunidades por donde pasamos y por lo que vimos propiamente sobre el terreno, nos hemos dado cuenta que hay una militarización. O se puede pensar que existe una militarización fuerte del ambiente chiapaneco. ¿Qué se puede decir a este respecto? ¿Quién me puede responder?

Secretario de Salud: Muy bien, yo creo que es una exageración. Yo creo que la presencia del ejército tiene dos sentidos: protección de las garantías de las personas frente a las agresiones de los delincuentes, porque se han convertido más en delincuentes que en insurgentes quienes están hoy en el estado de Chiapas creando desorden. Y segundo, para poder lograrlo tenemos que dejar constancia institucional y no casuística de enfrentamientos que entre las propias comunidades que agreden y los agredidos pudieran darse. La presencia del ejército no sólo es en el plan armado, es en el plan de asistencia social, de programas colaboración, de reforestación, de asistencia a la comunidad, de limpieza de los cauces de los ríos, de emergencias en general. No es más de lo necesario, tenemos presencia, porque nos están auxiliando incluso en la construcción de caminos, en la reconstrucción de la costa cuando tuvimos un gravísimo problema porque hubo inundaciones, el ejército tuvo un papel trascendente. En el norte del estado, donde estamos enfrentando los problemas de inundaciones en Tabasco y Veracruz, también tuvimos la presencia del ejército. Lo que sucede es lo que nos ha sucedido en Chiapas. Lo que se hace aquí en un sentido de colaboración, se magnifica en un sentido de desorientación. Quisieron que todo se quitara, quisieron volver a tener impunidad, quisieron volver a permitir el enfrentamiento entre nuestras propias gentes, quisieron imputarle al gobierno del estado responsabilidades de agresión. No vamos a caer en la trampa, vamos a ser institucionales. Son instituciones de ámbito federal. No olvidemos también que hay una serie de distorsiones respecto a la posibilidad de la ley del diálogo, que no da impunidad, que da un estatus que se tiene que cuidar, y quisieran todos los que tienen malas intenciones, que pudiéramos quitarlos, para propiciarse otra vez el enfrentamiento y el desorden. La posición del ejército es respetuosa con la soberanía y el gobierno del estado de Chiapas. Y el gobierno de Chiapas es absolutamente respetuoso con la presencia del ejército, no hay más.

Otro interlocutor del Gobierno: Permítame que le diga que en la ley federal mexicana el ejército tiene unas funciones muy claras: combatir el narcotráfico; hacer cumplir la ley de armas y explosivos. Chiapas, desgraciadamente, es el paso obligatorio de droga hacia los Estados Unidos: 1) Por la selva; 2) Porque muy desafortunadamente existe la convicción de que aquí pudiera darse la proliferación en la compra y venta de armas. Esto pudiera poner en peligro la seguridad nacional. Se está cumpliendo dos objetivos que es su obligación cumplir con ellos en toda la República Mejicana. Con ello queda completamente justificada ante la ley, la razón de ser de que el ejército esté presente. Mentira que esté hostigando a las comunidades pro-zapatistas.

CCIODH: ¿No existe incumplimiento de funciones entre el ejército y la policía estatal?

El mismo interlocutor: Para nada, la investigación criminal la persigue exclusivamente el Ministerio Público. El ejército está para aplicar la ley federal de armas y explosivos. Sus retenes tienen esa razón y sus incursiones son para erradicar campos de sembranza. Ustedes se habrán dado cuenta de ello. Hay gente que aprovechando la situación se dedicó a mal utilizar nuestros terrenos, y cuántas extensiones de marihuana y amapola hemos descubierto desgraciadamente.

CCIODH: Después de los hechos de Acteal, que fue un triste elemento que sensibilizó a la opinión pública, tanto mejicana como internacional, todo el mundo tuvo una valoración muy positiva de racionalización política, incluso de sensatez política, la firma de los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno federal, con la actuación tangencial de las autoridades locales y del estado, junto a ejército zapatista. Estas actuaciones suyas, este modelo, este programa de gobierno que ustedes plantean, que me parece en su voluntad y en su texto bastante correcto, se enmarcan o no se enmarcan en la aplicación de estos acuerdos y, hasta que punto este modelo de gobierno se ha consensuado con la contraparte que firmó los acuerdos, con el EZLN o con sus interlocutores políticos. Porque sino... Usted ha comentado antes que se consensúa, entonces habría un reconocimiento claro institucional, político, de una contraparte en un conflicto, que aparte lleva a reconocer por parte del gobernador Albores, las causas de este conflicto. Entonces, hasta que punto han podido ustedes, y han querido con voluntad política, de que la otra parte sea también actora para que el  resultado sea el óptimo en la línea de los acuerdos de San Andrés.

El mismo interlocutor: Yo creo que usted mismo tiene la respuesta, porque ustedes son gentes enteradas. El llamado reiterado, insistente, a veces más insistente de lo que muchos quisieran, del Presidente de Méjico y del gobernador, es hecho en todos los ámbitos, en todas las regiones de Chiapas y en todos los foros nacionales. Se ha insistido en invitar a la dirigencia del EZLN, para que se sienten a dialogar. Frente a la intransigencia no se puede dialogar. Hay una intransigencia total, hay falta de respeto a sus propias causas, ya no digamos al gobierno. A sus orígenes y a sus supuestos objetivos. No hay respuesta. Hay agresión, hay distorsión. Insistimos, la mesa está dispuesta en el momento en el que lo deseen. No sólo por parte de Chiapas que es una circunstancia que hay que acreditar. El ámbito del conflicto con el EZLN tiene un ingrediente fundamentalmente en el ámbito federal. Pero la voluntad del presidente, del secretario de gobernación como autoridades responsables, está dada. Lo está también en los voceros que tienen establecidos a través del coordinador del diálogo. Y está avalada y todos los días fortalecida por el gobernador. El gobernador, en su ámbito, está ejerciendo el diálogo todos los días, con todos los grupos. No con el EZLN porque hay intransigencia de otro ámbito, pero aún con los productores, y con los maizeros, y con los copreros, los ganaderos y con las organizaciones sociales y con los que están a favor y con los que están en contra. La mesa del secretario, la mesa del procurador, la misma mesa del gobernador, es una mesa de diálogo y de entendimiento. Ni hay autoritarismo, ni hay agresión, ni hay represión. En Chiapas se gobierna con el pueblo, para el pueblo.

CCIODH: Sólo una última cuestión puntual. Yo quisiera preguntar respecto a lo de justicia para todos, que tengo la obligación de transmitirle que yo estuve hace unos días en Eucaristía hace unos días y me encontré, no sólo con el testimonio directo, sino con una serie de testimonios y datos que avalan que mi petición sea más señalada. Referente a la muerte de José Tila, que no se aceptó, no digo su muerte, pero sí su relación con nuestra visita, porque fue asesinado en febrero del 98, horas después de entrevistarse con nosotros. Hace unos días venía de hablar con la viuda, el hijito y el papá de este señor. Cuando volvíamos, en el camino, nos cruzamos con cuatro señores a caballo que su papá identificó como los asesinos. Yo tengo el nombre de siete personas de las cuáles sólo hay uno detenido, que es Mateo López Pérez. Los otros señores se cruzaron, yo no los conozco, me fío de la palabra de este señor, se cruzaron a caballo y él, como testigo presencial del asesinato de su hijo, porque iban juntos, me dijo: “Esos son los asesinos, estuvieron un año refugiados, escondidos, pero ahora se pasean por aquí. Me han amenazado, diciendo que yo soy el único testigo. Si desaparezco yo, hay impunidad.” Y incluso, el 18 de septiembre, estos señores, los López Pérez, que son Mateo, Plácido, Pablo, etc., machetearon la estructura de madera del campamento de brigadistas. Iban borrachos y decían, en concreto, que a ellos no les harían nada porque son del gobierno. Son frases textuales que yo anoté. Entonces yo le transmito por una obligación moral y ética, más allá de la labor de observador, en la línea que usted ha planteado de no hay impunidad para nadie, pues estos señores se pasean tranquilamente y siguen amenazando al padre de la víctima. Entonces, yo sólo transmito, otra cosa no puedo hacer, nombres y hechos. No certifico, pues este no es mi papel, pero si tengo la obligación, en la línea de actuación que expresó el gobierno y la  cancillería de hacer justicia para todos, de que estos hechos se me explicaron de esta manera y le pido por favor de manera particular que intervenga.

El mismo interlocutor: Esté seguro para la próxima vez que nos veamos que van a estar detenidos.

CCIODH: Pero déjeme que le diga que estos señores están viviendo en Agua Fría con total normalidad. Como es un tema personal, le agradecería que pudieran informar de cómo se desarrollan los acontecimientos.

El mismo interlocutor: Ahora le tomamos los datos.
 

Fin de la entrevista