7. Retorno de los desplazados a sus comunidades de origen con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Hay aproximadamente 18.000 desplazados en Chiapas que representan alrededor de 4,000 familias indígenas. Se ubicaba en 13 municipios: Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Sabanilla, Tila, Salto de Agua, El Bosque, Las Margaritas, Ocosingo, Huitiupán, Venustiano Carranza, La Independencia, Chilón y Tumbalá y pertenecen a las etnias Tojolabal, Tzeltal, Chol y Tzotzil.

Los desplazados se encuentran en zonas de conflicto político, en donde más se concentran los presuntos grupos armados, paramilitares, los militares (campamentos, cuarteles, retenes, zonas militares, centros de operaciones), los cuerpos policiacos estatales y federales (Policía de Seguridad Pública -PSP-, Policía Judicial Estatal -PJE-, Policía Judicial Federal -PJF-, Procuraduría General de la República -PGR-), y el Instituto Nacional de Migración (INM).

La mayor parte de los desplazados corresponden a la Zona Altos con un número de unos 10.000 indígenas, seguida de la Zona Norte con 5,000, Fronteriza con 5.000, Centro con 400 y Selva con 300 personas. En Chenalhó se encuentran 10 campamentos o lugares de refugio; en Sabanilla 11; en Tila, Salto de Agua y San Cristóbal 3 en cada uno; en Las Margaritas, Ocosingo, Huitiupán, Venustiano Carranza, Tumbalá y El Bosque 2; y en Chilón y La Independencia uno respectivamente. Estos son datos aproximados.

Son casi 50 campamentos o lugares donde se encuentran los desplazados. Muchos de ellos se han albergado al fin en comunidades ya establecidas, después de haber pasado por una etapa de refugio en el campo, las montañas o fuera de los centros de población.
Algunos desplazados viven en comunidades que les han prestado tierras para que puedan trabajar (zona Norte). Otros han formado campamentos donde habitan un gran número de familias en un terreno muy reducido. Ellos no tienen acceso a su milpa y reciben ayuda humanitaria de instituciones como la Cruz Roja Internacional y Cáritas de la Iglesia Católica. Es el caso de los miembros desplazados de las Abejas que llevan más de tres años en los Campamentos X'oyep, Tzajalchén y Acteal, en el municipio de Chenalhó.

Las causas del fenómeno del desplazamiento:

Intereses caciquiles en las regiones y la imposición de grupos políticos de poder ligados al PRI

La estrategia de Guerra de Baja Intensidad con el fin de provocar desgaste en la población indígena usando a las fuerzas militares, paramilitares y policiacas en función de mermar las fuerzas sociales democráticas, minar la resistencia de las comunidades, al EZLN y sus bases de apoyo

Fuertes intereses económicos sobre el subsuelo (minerales, hidrocarburos, etc.), de aprovechamiento de los recursos naturales, de inversión agroexportadora o de infraestructura carretera, hidroeléctrica, turística, etc.

La explicación gubernamental, del partido oficial, de algunos actores de distintas iglesias así como de algunos empresarios sobre el origen del desplazamiento giran en torno a:

Conflictos intercomunitarios (por intereses distintos, familiares, etc.)

Conflictos interétnicos (entre choles y tzeltales, por ejemplo)

Conflictos partidistas (entre PRI-PT y PRD

Conflictos sobre la tenencia de la tierra (bienes comunales contra ejidales, posesión de predios, ejidales o comunales contra arrendamiento o venta)

Conflictos religiosos (entre evangélicos y católicos)

Conflictos entre organizaciones campesinas (oficiales e independientes, o éstos con el EZLN, etcétera.)

La solución al problema del desplazamiento-retorno está muy ligado al proceso del diálogo y negociación entre el Gobierno Federal y el EZLN (toda vez que algunos grupos de retorno abanderan este problema como sus principales demandas), y lo que va ligado a éste: la desmilitarización, el desarme de los grupos paramilitares, solución al conflicto de la tierra, liberación de presos, entre otros elementos.

Los paramilitares continúan con las amenazas y el hostigamiento hacia los desplazados,
con el apoyo de las autoridades.

En X'oyep, 96 familias, originarias del poblado de Yibeljoj, decidieron (octubre de 2000) que no podían esperar ya que no aguantaron las dificultades que enfrentaban en este campamento, y que iban a hacer una reubicación, creando otro campamento con mejor acceso a agua y leña. Se dirigieron a un lugar cercano a su comunidad de origen. No quisieron volver a vivir en ella, "porque ahí están los paramilitares, tenemos miedo, también por los ejércitos (soldados del Ejército Mexicano) que están en la carretera". Por eso dicen "seguimos siendo desplazados".

La Cruz Roja Internacional no participó en el acompañamiento de las familias de Yibeljoj el 17 de octubre, pues consideró que no había las condiciones, ni de seguridad, ni materiales necesarios para que este grupo de familias pasara a una situación mejor.

Según los desplazados en Acteal (15 de abril de 2001): "siguen los grupos paramilitares todavía impunes, no se ha detenido a todos los asesinos de Acteal, tenemos muy bajo el precio del café, hubo mala cosecha de maíz, falta agua, no tenemos para comprar ropa ni alimentos. Nuestros niños no pueden ir a la escuela, no tenemos trabajo".

Explica Vicente Ruiz de "Las Abejas" que las negociaciones entre priístas y Abejas de este municipio con el gobierno de Pablo Salazar se rompieron. "El diálogo se cortó porque hace 15 días fue golpeado un joven por paramilitares de la comunidad de Pechiquil. El gobierno quiere reconciliar a los grupos, pero no es posible porque todavía hay paramilitares que siguen amenazando. Queremos justicia, el gobierno dice que tiene corazón, pero los asesinos siguen libres y así no puede haber reconciliación.

En mayo de 2001 en las comunidades de Tzanebolóm y Cruxtón, presuntos paramilitares quemaron y destruyeron viviendas propiedad de personas que tuvieron que desplazarse.

Se están produciendo reubicaciones de familias desplazadas (no retornos) como las 110 que se han instalado em Yaxgemel

Con respecto a las indemnizaciones, la Asociación Civil Las Abejas manifestó que no existe indemnización del gobierno por la masacre de indígenas refugiados en la comunidad de Acteal y de los 21 personas que resultaron lesionadas en diciembre de 1998.

Por lo que hace a lo manifestado por el subsecretario de Gobierno (julio de 1998), Roberto Muñoz Liévano, que "se entregaron en total 2 millones 32 mil pesos por concepto de indemnización", José Vázquez, representante legal de los deudos, explicó porqué cerca de 20 familias decidieron recibir la indemnización que en un principio rechazaron, argumentando pena "porque hay muchos niños que tienen bastante necesidad, y para recuperar el dolor y la tristeza de los familiares de los muertos".

Además de la carestía y el olvido por parte del gobierno estatal, porque los familiares de las víctimas "recibieron sólo lo que el gobierno ofreció no pidieron una cantidad justa porque la gente no está pidiendo nada, pero como lo ofreció el gobierno, lo agarró porque vieron que si hay necesidad", ya que la principal petición ha sido "que se haga justicia y los verdaderos culpables sean castigados".

Antonio Pérez Sánchez, también de Las Abejas desmintió la versión difundida por el alcalde priista de Chenalhó, Antonio Pérez Arias, de una supuesta indemnización de siete millones de pesos para los supervivientes de la masacre de 45 indígenas en Acteal

El pasado 28 de agosto familias desplazadas, retornaron a las comunidades de Puebla, Yaxjemel, y al barrio de Chuchtic, para hacer un total de 333 personas, todas integrantes de la organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

El retorno a las comunidades de Puebla, Yaxgemel y Chuchtic, se da en el contexto de la firma de un acuerdo que se compromete a respetar 17 principios que regirán la convivencia armónica entre sus familias y sus pueblos indígenas: derecho a la vida, a la propiedad agraria y comunal, a la igualdad, a la libertad, a la diversidad cultural, libertad de culto y de expresión, de asociación y participación política, libre tránsito, respeto a la seguridad social y a las garantías individuales, prohibición de armas de fuego en las comunidadades, control de venta de alcohol, y que no se haga justicia por propia mano.

Según el sacerdote jesuita Pedro Arriaga, uno de los párrocos de Chenalhó, siguen las denuncias sobre la presencia de gente armada en ese municipio, por lo que el retorno de los desplazados a sus poblados de origen es de "alto riesgo", y se deben de tomar las medidas para garantizar su seguridad.

Sin embargo, el religioso manifestó su respeto a la decisión de los desplazados de Las Abejas de regresar, pues ésta se debe a "tanto sufrimiento acumulado durante estos tres años y medio en los campamentos, donde hay condiciones de vida infrahumanas, de sufrimiento, de falta de agua potable y donde la convivencia social se vuelve difícil".

"Aún falta atender las demandas de las comunidades que vivimos en situación de desplazamiento forzado", expresó en un documento público la Comisión de Representantes de los Desplazados de Guerra en el Estado de Chiapas, a raíz del retorno de 63 familias de Las Abejas a sus casas en Yaxjemel, Puebla y Chuchtic. Para los representantes de más de 12 mil desplazados en la zona norte, los Altos y la selva, "es urgente que se haga justicia, se castigue a los responsables del desplazamiento, se indemnice a las familias y se desmantelen los grupos paramilitares que siguen actuando en varias regiones del estado".

Pese a la extensa publicidad que recibió el retorno de 333 tzotziles de Chenalhó a tres comunidades que siguen bajo control de los paramilitares, el problema de los desplazados por la guerra y la contrainsurgencia sigue sin resolverse. Los despojos y asesinatos que arrojaron al exilio interior a miles de choles y tzotziles, en su mayoría bases de apoyo del EZLN, se mantienen impunes.

La comisión de desplazados de guerra dio a conocer en esta ciudad tres peticiones y una exigencia: "Pedimos al presidente de la República, Vicente Fox, y al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía que escuchen y respondan a la voz de los desplazados, den garantías de seguridad y justicia y se comprometan a cumplir las demandas de los desplazados", expresaron representantes de los municipios de Tila, Salto de Agua, Sabanilla, Ocosingo, Villa Corzo, Marqués de Comillas y Tenejapa.

En 2001 siguen siendo expulsadas las familias prozapatistas en Uzilucum (Chenalhó) y Río Salina Cruz (Marqués de Comillas). Los nuevos desplazados por la violencia paramilitar viven en condiciones más que precarias. En Tzabalhó, 40 expulsados de Uzilucum viven sin casa desde febrero de este año. No reciben atención de la Cruz Roja, de Cáritas ni del gobierno. Decenas de familias de Río Salina Cruz viven ocultas en la frontera con Guatemala.

En la zona norte, continuan las amenazas de los paramilitares, que ahora se disfrazan de PAN, PRD o PT, pero siguen expulsando indígenas zapatistas, como acaba de suceder a fines de agosto en San José Bascán, municipio Salto de Agua.