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5. Asegurar el libre acceso a la justicia y
promover la lucha contra la impunidad por medio de acciones globales
y no meramente simbólicas.
El respeto a los derechos humanos en México no sólo no ha cambiado en los primeros siete meses del gobierno de Vicente Fox, sino que incluso hay amenazas a las garantías sociales, económicas y culturales, como lo refleja el hecho de que existen 300 recomendaciones de organismos internacionales que aún no han sido acatadas por el gobierno actual; el combate a la impunidad y el refuerzo del estado de derecho en el país son sólo discursos de la administración federal. El apoyo a los derechos humanos en México es débil, precario y poco optimista.
Así lo expresaba Gloria Ramírez, coordinadora general de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM.
Dato Param Cumaraswamy relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, es mas preciso:
Existe preocupación en el ámbito internacional, y en especial en la Organización de Naciones Unidas, ''por el alto índice de impunidad que se registra en México, que alcanza niveles de entre 95 y 98 por ciento''.
El relator -en misión de trabajo en México- señaló lo anterior (14 de mayo de 2001) a funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva, Comisión Nacional de Derechos Humanos e Instituto Nacional Indigenista, con quienes sostuvo una reunión intersecretarial en la que preguntó: ''¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para reducir 98 por ciento de impunidad que tiene y la creciente inseguridad?''
Durante su primera reunión de trabajo, el relator especial formuló a los funcionarios del gabinete de Orden y Respeto del presidente Vicente Fox preguntas ''muy específicas" sobre la justicia en el país: ''El gobierno mexicano ha signado varios instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos. ¿Qué ajustes ha hecho en sus leyes? ¿Cómo resuelve los conflictos que surgen entre competencias civiles y militares? ¿Se ha perdido la confianza ciudadana en las instituciones? ¿Qué hace para recobrarla? ¿Qué estudios ha hecho para conocer el grado de impunidad y combatirla?''
Sería importante --dijo el funcionario de la ONU-- que México contara con un diagnóstico de la situación real de justicia e impunidad para tomar acciones y decisiones. Enseguida, hizo otra interrogante: ''¿Cómo van a recibir mi informe sobre la justicia en México?''
Y remató sus dudas sobre el sistema mexicano de administración y procuración de justicia: ''Quizá el tema más importante que México tiene pendiente de atender y resolver es el de la justicia: hay elevada impunidad y poca credibilidad'' en ella.
Los funcionarios gubernamentales señalaron al relator que ''nadie puede saber con exactitud cuál es la cifra o el porcentaje de impunidad en el país. Es un hecho que hay impunidad, pero nadie conoce los niveles de ésta. Nadie sabe los crímenes que no se reportan''. Pero coincidieron con Cumaraswamy en que ''la impunidad es un problema muy generalizado. Es grave y preocupante''.
Luego, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, aceptó que no hay credibilidad en la justicia, pero precisó: ''No es que las personas hayan perdido la credibilidad en la justicia, sino que nunca la han tenido y menos en derechos humanos''.
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