PRESENTACIÓN DEL INFORME
Este documento constituye el informe sobre observación de los derechos humanos, realizado por una comisión de observadores del Comité Oscar A. Romero de Sabadell (España) como continuación de la tarea y posterior informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (febrero de 1.998).

La tarea de observación que condujo a este informe se realizó entre los días 12 a 31 de julio de 1.998 en el Estado de Chiapas y pretende contribuir al conocimiento general de la situación actual de los derechos humanos en dicho estado mexicano.

PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN
La comisión elaboradora del presente informe se formó dentro del propio Comité Oscar A. Romero de Sabadell después de haber mantenido repetidos contactos con miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.

La sensibilidad de la sociedad civil en la ciudad de Sabadell, el apoyo de distintas ONG’s de la población y la experiencia de la CCIODH animaron a varias personas a continuar con el trabajo de observación de los derechos humanos en el estado de Chiapas.

La matanza de el Bosque, el día 10 de junio de 1.998, acabó mostrando la necesidad y la urgencia de continuar el trabajo iniciado por la CCIODH. Por esta razón se constituyo el grupo de observación formado por:

Guillem Clofent Suñer, Comité Óscar A. Romero de Sabadell

Joan Fugarolas Rodenas, Pallasos sin fronteras

Olga González Sanz, Cerdanyola

Àngel Martí Albert, Barcelona

Montserrat Mas Llorens, Comité Óscar A. Romero de Sabadell

Sílvia Marimón Molas, periodista corresponsal de El País

Encarna Rufas Priego, Comité Óscar A. Romero de Sabadell

Joan Rufas Priego, periodista de Barcelona Televisió

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El objetivo común de la Comisión consistía en recabar información, entrevistarse con todos los actores, llegar hasta las zonas de conflicto y escuchar todas las voces para, de esta manera, poder elaborar un informe lo más completo posible y que contribuyera a esclarecer la situación real de los derechos humanos.

La Comisión parte de un enfoque amplio del significado de los derechos humanos. Es decir, los derechos sociales (o de tercera generación según los juristas) son considerados fundamentales, y forman parte del objeto de análisis dentro del trabajo de esta comisión.

El trabajo realizado en estas tres semanas puede ser dividido en tres partes fundamentales: 1, entrevistas con representantes de instituciones oficiales activas en el conflicto (serían las instancias oficiales y las de intermediación); 2, visitas a la zona de conflicto, donde recogimos testimonios de los grupos de desplazados, de las comunidades indígenas afectadas y de los municipios autónomos y; 3, entrevistas con diversas organizaciones civiles y sociales que de alguna manera trabajan e interactúan en la zona de conflicto.

REPORTE DE LA OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Unión Progreso
Un representante y fundador de la comunidad tzotzil de Unión Progreso, perteneciente al municipio del Bosque, denunció como un contingente formado por elementos de la PSP, PJE y ENM ingresó a pie en dicha comunidad el pasado 10 de junio, y relató como acontecieron los hechos.

El día anterior al suceso, 9 de junio, pudieron observar sobrevuelos de helicópteros en la zona durante el día, así como un aumento de la circulación en la carretera que conduce a la vecina comunidad de Los Plátanos. Hacia las 7h u 8h de la tarde sabían que alguien estaba asustando a los rebaños, pero lo atribuyeron a posibles ladrones, aunque el recelo aumentó al conocer los rumores sobre una víctima mortal en la comunidad de Los Plátanos y de un posible operativo de las fuerzas del orden en su propia comunidad.

Los miembros de la comunidad se retiraron a sus casas atemorizados ante el hecho de que pudiera repetirse una acción como la de Acteal. Hacia las 4h de la mañana, cuando se levantaron para dirigirse a sus trabajos en el campo, vieron acercarse una caravana de 23 camiones militares. Ante ello las mujeres y los niños huyeron de la comunidad, refugiándose en el monte, mientras un grupo de la PSP les perseguía.

Los hombres de la comunidad fueron detenidos y se les reunió en la cancha de basquet, donde se les obligó a acostarse en el suelo. Otro campesino que cubría su rostro con un pasamontañas y que reside en Los Plátanos identificó a varios de los hombres que estaban acostados en el suelo. A estos últimos se les forzó a cubrirse con paliacates y a tomar armas de la propia policía para fotografiarles después.

Los retuvieron durante 6 horas en un camión militar, donde les acusaron de matar a sus compañeros indígenas de Los Plátanos y les amenazaron para que respondieran sobre cuestiones tales como nombres de dirigentes del EZLN, localización de armas, etc. Fueron maltratados mientras respondían al interrogatorio. A uno de ellos se le condujo hasta un cafetal, donde se le amenazó de muerte con un arma de fuego. Se les acusaba de poseer uniformes zapatistas y cultivar marihuana.

Durante el tiempo que los hombres fueron retenidos, las fuerzas del orden les sustrajeron prácticamente todo lo que poseían de algún valor económico: máquinas de coser, licuadoras, televisores, grabadoras, alimentos, ropa, herramientas de trabajo y también todo dinero en efectivo que encontraron y que procedía de la venta de la cosecha de café.

Pero las consecuencias más graves del operativo tuvieron lugar en las inmediaciones de la comunidad, cuando un grupo de jóvenes campesinos que se dirigían a trabajar unas tierras comunales, fueron interceptados y disparados por la espalda mientras huían. Las víctimas, presuntos miembros de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fueron: El joven Sebastián Gómez Gómez (17 años), fue herido en un brazo; Andrés Gómez Gómez (29 años), Antonio Gómez Gómez (20 años), Adolfo Gómez Diaz (20 años), Bartolo López Méndez (24 años) y Lorenzo López Méndez (18 años) resultaron muertos. Los cadáveres fueron trasladados en un camión hacia la capital del estado.

El día 13 de junio, la entrega de los cadáveres a sus familiares en la comunidad de Unión Progreso, causó una gran indignación por las pésimas condiciones de conservación en que la Procuraduría General del Estado los entregó. Los cuerpos sin vida exponían sus vísceras y presentaban larvas en casi todo el cuerpo, lo cual puede interpretarse claramente como una manifestación del menosprecio a que la población indígena se ve sometida, así como una gran negligencia y falta de profesionalidad en el tratamiento de los cadáveres.

Cabe señalar que se les practicaron dos necropsias, una de oficio y la segunda a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Existen controversias entre el comunicado de prensa nº 796/98 expedido por la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas y las conclusiones que observó el Dr. José Ramón Fernández Cáceres, director del Servicio Médico Forense del Distrito Federal, quien comentó que "el día 10 de junio del presente año los cadáveres se encontraban sin signos de putrefacción a excepción del cadáver número 6" y que dos días después (12 de junio), día en que se solicitó una segunda necropsia, éstos presentaban ya "un avanzado estado de putrefacción caracterizado por enfisemas y flíctenas pútridas, red venosa póstuma, mancha verde y presencia de una multitud de larvas postmortem". También establece que la acelerada putrefacción de los cadáveres se debió a las condiciones climáticas y de humedad existentes, además de un aumento de temperatura debido a que los cadáveres estuvieron por tiempo prolongado en féretros de madera. Sin embargo en el susodicho comunicado de prensa, que emitió la PGJE se señala que "las necropsias fueron realizadas de acuerdo a las técnicas usualmente aceptadas por la medicina forense y que los ocho cuerpos fueron depositados en la cámara de refrigeración del SEMEFO".

En el comunicado de la PGJE se hace referencia a otros tres cadáveres de civiles, juntamente a las cinco víctimas de Unión Progreso, que murieron en el operativo que las fuerzas del orden realizaron en el poblado de Chavajebal. Este asedio forma parte del operativo conjunto que el ENM, la PSP y la PJF efectuaron el día 10 de junio en las siguientes comunidades: Álvaro Obregón, donde un grupo de mujeres bloqueó el acceso y el ENM se retiró del lugar después de unas horas; Unión Progreso, Chavajebal, donde además de los tres campesinos murió también un policía y tres más fueron heridos.

Actualmente las condiciones de vida de la comunidad de Unión Progreso se agravan día a día por la presión a que se ven sometidos por el ejército.

Los días 17 y 18 de julio los soldados merodeaban por los alrededores de la comunidad provocando el temor y la angustia en sus habitantes, llegaron a acercarse a unos 300 metros del poblado y como consecuencia, los hombres asustados no acudieron a sus tareas en el campo por miedo a dejar las mujeres y los niños solos. Hechos como estos de producen con bastante frecuencia.

Los sobrevuelos de aviones y de helicópteros del ejército y de la PSP también son ordinarios, así como la circulación de camiones militares, tanto de día como de noche, en dirección a la comunidad de Los Plátanos, donde presuntamente residen miembros de las fuerzas paramilitares que apoyan las acciones de asedio que realizan el ENM y la PSP.

Los campesinos están en situación extrema, si tenemos en cuenta que les han sustraído sus pertenencias, incluso las herramientas para trabajar la tierra, que no poseen dinero para reponerlas y que se avecina una época crítica a consecuencia de la sequía que ha perjudicado la zona ampliamente y que ha provocado la pérdida de, al menos, una cosecha.

2. Amparo Aguatinta
El día 1 de mayo de 1998, la comunidad de Amparo Aguatinta en el municipio de Las Margaritas, cabecera municipal autónoma de Tierra y Libertad, sufrió un operativo militar. Participaron en este operativo 800 elementos de la Policía de Seguridad Pública, 400 del Ejército Nacional Mexicano y 50 policías judiciales estatales y federales.

Eran las cuatro de la mañana cuando entraron de forma violenta en el pueblo guiados por personas militantes del PRI (Agenor Aguilar Gómez, Roberto López, Neftali Méndez, Elias Méndez y Abrenamar Gómez Rodríguez), quiénes iban por delante señalando las casas de los que ellos denunciaban como simpatizantes del EZLN. Las Fuerzas Armadas entraron violentamente en estas casas con el pretexto que buscaban armas. Sacaron a los hombres y los que pusieron resistencia fueron golpeados. Dos días antes del operativo militar, los habitantes militantes del PRI habían marcado las fachadas de sus casas con el emblema del partido. De esta manera, el ejército y la policía respetaron sus casas y catearon solamente las que no tenían esa marca.

Durante el operativo, algunos hombres y mujeres fueron golpeados con culatazos y amenazados a punta de cañón por miembros del ejército, quienes además disparaban ráfagas al aire, resultando heridos de bala algunos campesinos. Así mismo les robaron todas sus pertenencias: mochilas, ropa, relojes y dinero en efectivo.

Miembros de la Seguridad Pública y el Ejército entraron en la presidencia del Consejo Autónomo Municipal y se llevaron mesas, escritorios, archivadores, máquinas de escribir, fotocopiadora, refrigerador, estufas, camas y otros bienes como todo lo que es papelería y una pequeña biblioteca con documentos importantes del municipio. Cuando las mujeres iban a acercarse a las instalaciones del consejo, vieron llegar dos microbuses con mujeres miembros de la Seguridad Pública con bombas de gases lacrimógenos ante lo cual se retiraron y se fueron al otro extremo de la comunidad. También las tiendas del colectivo fueron saqueadas, llevándose la mercancía y 20 mil pesos en efectivo producto de la venta.

Fueron detenidos y encerrados en Cerro Hueco 53 indígenas entre los que se encontraba el presidente del municipio autónomo de Tierra y Libertad Aureliano López Ruiz. Los nombres de algunos de los demás detenidos son: Jesús Aguilar, José Antelmo Aguilar, Antonio Álvarez, Artemio Calvo Ruiz, Guadalupe García, Rubén Guillén Salazar, Jorge Hernández Cruz, Juan Hernández, Jesús Hernández, Jaime Hernández, Jorge Hernández, Rubén Hernández, Abenamar Jiménez Hernández, Reynaldo León, Roberto León, Oscar León, Bricio León, Rafael León, Erasmo León, Mario León, Abelardo León, Eduardo León, Salvador León, Aureliano López Ruiz, Rosemberg López, Heriberto López, Roberto López, Francisco López, Eduardo López, Frenando López, Enrique López, Narciso Méndez, Cándido Méndez, Armando Méndez, Trinidad Méndez, Conrado Méndez, Rigoberto Méndez, Virgilio Sánchez Espinoza, Eleazar Sánchez, Germán Santiz, Ramiro Vázquez, Arnulfo Velazco, Herminio Velazco y Gamaliel Velazco.

La detención duró tres días, durante los cuales las autoridades judiciales mantuvieron incomunicados a los 53 indígenas y les tomaron declaración ministerial sin la presencia de ningún abogado. Se les acusó de usurpación de funciones, rebelión y privación ilegal de la libertad. Actualmente siguen encarcelados en Cerro Hueco 8 indígenas acusados de secuestro y privación de libertad de otras gentes. Los consignados son: Aureliano López Ruiz, Artemio Calvo Ruiz, Rubén Salazar Guillén, Juan Alfaro Aguilar, Ernesto López, López, Roberto López García, Joselino Hernández López y Antonio López López.

El día anterior había sido cortada la energía eléctrica y no fue restaurada hasta que pasó el operativo. Simultáneamente con este operativo, elementos del ENM acamparon en una cima entre las comunidades de Guadalupe Tepeyac y la Realidad, ubicando con ésta, un cuarto retén en la carretera que va desde Las Margaritas hasta la Realidad.

A partir de ese día, fuerzas policíacas y militares incrementaron su presencia en Amparo Aguatinta y sus alrededores. Más de cien agentes de la Policía de Seguridad Pública instalaron un campamento en el edificio del consejo autónomo. El Ejército Mexicano se reforzó en el cuartel, que se encuentra a menos de dos kilómetros de esta localidad, se fortalecieron retenes en varias carreteras y aumentó el patrullaje en la zona.

La comunidad se siente cercada y acosada y vive con mucho miedo. A partir de las ocho de la noche hay toque de queda y ya nadie sale de sus casas. Durante el día los hombres salen a trabajar a la milpa en grupo, así en caso que les tomaran presos los compañeros podrían avisar a los suyos. Aún así, no están mucho tiempo fuera de casa para no preocupar a la familia. Debido al miedo que tiene la gente a salir a trabajar, la comunidad está empezando a sufrir una grave crisis económica.

Durante todo el mes de mayo se suspendieron las clases porqué los niños tenían miedo de ir a la escuela. No fue hasta mediados del mes de junio que no se reanudaron las clases.

La comunidad se encuentra dividida entre simpatizantes del PRI y del EZLN. Los primeros entienden la lucha de los indígenas como una lucha a corto plazo y por lo tanto aceptan que el gobierno les asfalte las calles o les de pollos y reses. Los segundos, sin embargo, sienten que la lucha de los indígenas debe ser una lucha a largo plazo y no aceptan nada del gobierno mientras éste no cumpla con los acuerdos de San Andrés.

3. Roberto Barrios
La comunidad de Roberto Barrios, Palenque, sufre violaciones constantes de los derechos humanos.

Desde la última visita e informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, han sucedido diferentes hechos que demuestran la situación extrema de acoso y amenaza a la que estan sometidos los miembros de dicha comunidad.

A continuación se ofrece una exposición detallada de los hechos.

El Sr. Trinidad Cruz Pérez, miembro de la comunidad de Roberto Barrios, falleció el día 15 de marzo después de ser agredido por los Sres. Carmen Cruz Balcazar y Francisco Oleta Pérez. La víctima fue agredida a machetazos después de una acalorada discusión con sus asesinos que se encontraban en estado ebrio en el momento de la agresión. Poco después de ingresar en el hospital, el Sr. Trinidad fallecía a las 11h de la mañana. Los hechos tuvieron lugar cerca del lugar llamado Rancho de San Miguel de Arimatea.

El 24 de mayo a las 3h de la madrugada, tuvo lugar un incendio provocado que destruyó una casa de la comunidad. La família afectada fue la del Sr. Manuel López, ya que debido al incendio falleció su hija de dos años de edad y resultaron gravemente heridas sus otras dos hijas.

El jueves 4 de junio a las 10h de la mañana, llegaron a la comunidad 3 camiones y una pick-up de la Policía de Seguridad Pública con números de identificación 2654, 2672, 2677 y 2646 respectivamente, transportando 80 policías uniformados. De los vehículos bajaron tres miembros de la PSP y hablaron con las mujeres que se encontraban cocinando para la gente de la escuela. Según dijeron estas tres personas, su objetivo era ver las casas quemadas en el incendio de 24 de mayo, así como hablar con el Sr. Manuel López (su família fue afectada por el fuego) y miembros priístas Sres. Roberto Balcazar (jefe priísta) y Manuel Méndez Oleta (agente municipal priísta). Sin pedir permiso, empezaron a tomar fotos de la comunidad, de las mujeres con las que hablaron y de los campamentistas que se encontraban allí. Después de que se les negase la entrada a la comunidad, los cuatro vehículos partieron 15 minutos más tarde de haber llegado.

Asimismo, el sábado 26 de julio, el Ejército Nacional Mexicano impidió la entrada a la comunidad a 7 extranjeros de nacionalidad española, italiana y estadounidense.

Desde el mes de marzo, la comunidad de Roberto Barrios sufre sobrevuelos rasantes casi diariamente. Dichos sobrevuelos se realizan a menos de 100 metros de altura con helicópteros azules con la bandera mexicana en la cola, aviones de color blanco-gris o aviones militares bimotores. Los vuelos pueden durar desde media hora hasta cuatro horas, describiendo vueltas sobre la comunidad. Muchas veces puede verse como alguno de sus ocupantes realiza fotografías y grabaciones en vídeo.

La comunidad vive vigilada de cerca, a unos 500 metros, por un campamento militar que controla el movimiento de todos los miembros de Roberto Barrios: quien sale y porqué, quien entra y cuando, pidiendo documentación con cualquier pretexto y sin ningún motivo lógico, etc… Los soldados del campamento reciben formación cerca de la comunidad, justo hasta llegar al lado del río, desde donde la gente de la comunidad les puede ver.

La comunidad tiene indicios que cerca del campamento militar hay la presencia de grupos paramilitares, a los cuales han podido ver entrenarse al pasar por el camino que les lleva a la milpa, el cual pasa justo por en medio del campamento militar.

La población de la comunidad ha empezado a padecer algunas enfermedades de tipo intestinal y parasitario, debido a la desnutrición que se empieza a manifestar de forma incipiente, sobretodo en la población infantil. Para poder recibir atención médica, la comunidad dispone de un pequeño dispensario en el que trabajan médicos gubernamentales, pero desde hace tiempo no atienden en la comunidad y la clínica se encuentra en desuso. Para ello, se ha capacitado a un miembro para que realice las tareas de promotor de salud, aunque la falta de medicinas para las enfermedades es la principal problemática que encuentra dicho promotor en su trabajo.

A nivel de educación, la comunidad dispone de una escuela regida por profesores funcionarios. Durante todo el año 1997, el equipo de profesores se mostró muy crítico con la cultura indígena propia de la comunidad, de forma que practicaba un modelo de educación desestructurador para los propios niños y niñas. Los contenidos de las clases eran absolutamente tendenciosos e irrespetuosos con la gente de Roberto Barrios. Otra problemática era la asistencia del profesorado a la escuela: como mucho, dos o tres días a la semana, con lo que resultaba imposible realizar un seguimiento efectivo de los alumnos. Finalmente, el equipo docente mostraba un mayor interés educativo para los niños/as de filiación priísta, que para el resto de la clase. Fruto de ello, la mayoría de los padres decidieron construir una nueva escuela con sus propios medios para poder ofrecer a sus hijos una educación respetuosa con la tradición y cultura indígena. Mientras no se terminan las obras de la nueva escuela, los niños/as de la comunidad no tienen ningún tipo de escolarización.

En resumen, se puede concluir que la comunidad de Roberto Barrios sufre verdaderas agresiones contra los derechos humanos. El derecho a la vida, a la salud y a la educación se han visto seriamente mermados en los últimos meses. Si a ello hay que añadir el constante acoso de los militares y otros agentes de la seguridad pública, sin ningún pretexto ni motivo oficial, se concluye que la situación que se vive en Roberto Barrios es realmente grave.

4. Polhó
En el municipio autónomo de Polhó viven 10.433 personas, que han sido desplazadas de 19 comunidades. La mayoría ha tenido que abandonar sus casas y tierras porque éstas han sido arrasadas por los militares. Ahora no tienen nada, todas sus pertenencias fueron quemadas.

A tan sólo 200 metros de esta comunidad hay un campamento militar. Para impedir que ningún soldado o policía entre en el municipio, unas 200 mujeres, con sus hijos, forman desde hace un año un cordón humano en la entrada del poblado. Están ahí 24 horas al día, haciendo turnos de cuatro horas.

Hay diez campamentos de refugiados. La mayoría ha de recorrer largas distancias para conseguir agua de un pozo que, en parte, es responsable de muchas de las enfermedades, sobre todo diarreas, que padecen los niños. Viven en casas construidas con techos de cartón y paredes de plástico con grandes letras anunciando refrescos y desodorantes, restos de algún cartel publicitario. Los caminos están llenos de barro y la comida escasea. No tienen suficiente terreno para poder cultivar y ninguno se arriesga a salir del municipio. Temen que los paramilitares, como ya han hecho otras veces, empiecen a disparar indiscriminadamente. "No podemos salir a cultivar la tierra fuera de la comunidad. Hay paramilitares escondidos en las montañas, tenemos miedo a que nos maten. Comemos frijol y maíz, a veces tres veces al día, a veces tan sólo una vez al día. No hay agua potable, tan sólo un pozo a 15 minutos", explica Arnulfo Pérez Gómez, de 26 años. Él es uno de los 376 desplazados que sobreviven, no viven, en el campamento 2. Muchas noches oyen disparos.

EL 22 de diciembre, día de la matanza de Acteal, "la escuela se llenó de gente, en cada casa habían acogido de uno a tres desplazados. Empezamos a recibir ayuda de las ONG. Al principio nos mandaron láminas de cartón, ayer (9 de julio) -siete meses después de la llegada de la gran mayoría de desplazados- recibimos láminas de aluminio, 10 hojas por familia, para que no se mojen sus casas", explica Lucio, uno de los responsables del municipio.

En Acteal vivían varios miembros de la sociedad civil de Las Abejas -se distingue por ser pacifista-. El pasado mes de junio intentaron regresar a sus casas, pero otra vez aparecieron los paramilitares y tuvieron que volver a Polhó.

En Polhó se están llevando a cabo varios proyectos. Desde una cooperativa de artesanía de mujeres, hasta el cultivo de hortalizas, pasando por un taller de letrinas y otro de soldadura. De las más de 10.000 personas, sólo 2.000 están trabajando en ellos.

Cuando a Arnulfo se le cuestiona sobre qué es lo que pide, contesta, sin dudarlo: "que nos dejen vivir en paz, que el ejército se retire de Chiapas porque ningún hombre ni ninguna mujer puede acostumbrarse a vivir con un ejército siempre acechándole. Que arresten a los paramilitares. Queremos vivir en paz. Queremos que nos tengan en cuenta, que el gobierno reconozca que existimos y que reconozca nuestros derechos." Su voz es la de la mayoría de chiapanecos.

5. Navil
Representantes de la comunidad de Navil, situada en el Municipio Autónomo de San Andrés Sakamchen, a unos 15 km. de la cabecera municipal, Tenejapa, denunciaron que en el primer semestre del presente año sufrieron dos operativos del ENM y de la PSP los días 25 de mayo y el 2 de junio respectivamente.

En el primer ataque se vieron rodeados al menos por 60 camiones del ejército y algunos tanques. Con el pretexto de requisar armas pertenecientes al EZLN y desmantelar un campamento de adiestramiento guerrillero, los soldados entraron en la comunidad hacia las 8h. de la mañana y no se retiraron de él hasta las 6h. de la tarde aproximadamente.

Durante el asedio los soldados escarbaron en la casa que las mujeres destinaban a una cooperativa de artesanía y destruyeron lo que hallaron en ella. Las imágenes distribuidas por el propio gobierno en televisión para denunciar el presunto campamento, muestran una casa como todas las de la región. En esta cooperativa artesana, creada recientemente, trabajaban un total de 20 mujeres pertenecientes a 6 familias de la comunidad, con el propósito de desarrollar otras formas de producción que les permitiera obtener recursos más seguros.

Del mismo modo entraron en la cocina y el comedor comunitarios, donde removieron la arena, destruyeron todo lo que encontraron a su paso y les sustrajeron los frijoles, maíz y azúcar que las mujeres utilizaban para cocinar, que habían aportado colectivamente y que estaban almacenados en esa casa.

Durante todo el día los soldados retuvieron a Juan Gómez Santiz, de 18 años de edad, después de conducirlo a la escuela donde le obligaron a colocarse un pasamontañas y a tomar una arma en las manos para fotografiarle a continuación.

En la ermita del lugar fue profanado el sagrario y esparcidas las formas sagradas.

Fueron destruidas zonas de cultivo, dedicadas a los productos de huerta, con la acusación de estar cosechando plantas de marihuana.

Después del asalto del operativo del día 25 de mayo, los habitantes de la comunidad sufrieron un segundo asalto el día 2 de junio, esta vez per miembros de la PSP. Tanto en el primer como en el segundo asedio fueron saqueadas diversas casas y les fueron robados electrodomésticos (refrigeradores, televisores, cassettes, radios), ropa, instrumentos para trabajar la tierra, utensilios domésticos (ollas), alimentos (frijoles, maíz, azúcar) y cantidades de dinero en efectivo (que oscilan de los 2.000 a 5.000 pesos) que eran préstamos para comprar semillas, así como documentos personales (actas de nacimiento y de propiedad de las tierras).

En este segundo operativo fueron objeto de hurto dos de las tres tinajas que la comunidad utilizaba para recoger y almacenar el agua de la lluvia, puesto que los pozos y fuentes más cercanos se encuentran a dos horas de camino a pie y deben cargarse ánforas de 20 litros. La tercera de las tinajas fue destruida en el acto.

Fueron destruidos también interruptores, enchufes, bombillas y parte de la instalación eléctrica, que aún no han podido ser repuestos a causa de las dificultades económicas que sufren los miembros de la comunidad.

Miembros de la PSP mezclaron azufre con la masa que las mujeres estaban trabajando para realizar tortillas. Suponen que la misma PSP trajo consigo tal material. Posteriormente, al darse cuenta de lo acaecido tuvieron que desprenderse de todo el alimento.

Asimismo las fuerzas del orden público, después de echarles de sus casas cocinaron parte de sus alimentos como huevos, pollos, etc. y estuvieron comiendo lo que habían guisado. Los alimentos que sobraron fueron robados o destruidos.

De nuevo entraron en la remita de la comunidad donde robaron 2 Biblias, 10 actas de matrimonio y las sagradas formas que encontraron en el sagrario.

Después de este segundo asalto, unas 25 familias de la comunidad huyeron a la montaña, donde permanecieron durante 6 días.

A pesar de que no se ha repetido otro operativo desde el pasado mes de junio, los habitantes de dicha comunidad viven bajo el temor constante, bajo los rumores de un nuevo ataque cuando disminuya la afluencia de campamentistas, bajo la presión psicológica a que los somete el ejército con los vuelos rasantes de aviones y helicópteros prácticamente a diario. Es por ese motivo que los niños ya no asisten a la escuela desde hace tres meses, las mujeres no han reanudado su trabajo artesanal colectivo, sino que trabajan individualmente en sus casas y los hombres deben abandonar sus tareas en el campo en muchas ocasiones parar defender sus propiedades y sus familias.

6. Conai
La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), presidida por el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Don Samuel Ruiz, puso fin a su papel intermediador entre las partes en conflicto el dia 7 de junio. Con un comunicado en la prensa y una carta del obispo leída en la misma catedral, la CONAI se autodisolvió.

Entendemos que la existencia de un organismo intermediador entre el gobierno y el EZLN es una pieza clave para la solución negociada y pacífica del conflicto. Por esta razón, denunciamos también la desaparición de este organismo, puesto que supone un paso atrás en la búsqueda de espacios de diálogo.

Pero la autodisolución de la CONAI, aún se presenta como un hecho más grave si se tiene en cuenta que se produce a causa de una estrategia llevada a cabo por una de las partes, el gobierno mexicano, dirigida a obtener un diálogo directo con el EZLN, sin intermediarios que garantizasen unas condiciones mínimas para la negociación.

El posicionamiento explícito de la CONAI exigiendo una mayor claridad pública en la caracterización y naturaleza del conflicto y de sus causas, así como el insistir en la vinculación de la paz con la transición a la democracia, se convirtieron finalmente en posturas que agudizaron la tensión entre el gobierno federal contra la CONAI. Por esta razón, el gobierno aceleró des de principios de 1998 su hostigamiento y desconocimiento real a la CONAI, tratándola como un estorbo para la negociación.

Fruto del silencio estratégico mantenido hasta el mes de julio por el EZLN, el gobierno federal respondió con un traslado de su confrontación hacia la CONAI, entre otros organismos. De esta forma, el organismo mediador iba siendo una instancia desconocida por la vía de los hechos, aunque decidió continuar su tarea de intermediación hasta que el gobierno no explicitara tal situación.

Todos los pronunciamientos y comunicados vertidos por la CONAI, en su convicción de que el servicio por la paz y de testimonio incluía la constatación lo más objetiva y veraz posible de la situación general del proceso, fueron aprovechados por el gobierno como confirmación de la supuesta pérdida de imparcialidad del organismo de intermediación. Por esta razón, el mantenimiento de la oficialidad de la CONAI por parte del gobierno tan sólo respondía a una simulación que utilizaba para rechazar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Ante esta estrategia, Don Samuel Ruiz y los miembros de la CONAI decidieron no convertirse también en una simulación. La crisis del proceso de paz y negociación, impulsados por la estrategia gubernamental, es lo que trastocó el sentido y mantenimiento de la labor mediadora.

7. Delitos Prefabricados y Tortura Sistemática
"En Chiapas hay cien presos que tienen el carácter de políticos, pero el gobierno no les acusa de ningún delito político -el artículo 216 del código penal establece como delitos políticos la rebelión, la sedición y la conspiración-. Les acusa de delitos prefabricados de orden común, como pueden ser el robo de ganado y bienes, el secuestro y la violación. Si viene alguien para investigar sobre derechos humanos y pide un listado de presos, no va a encontrar ningún preso político. Éste es el problema", explica Juan Gustamante, uno de los dos únicos abogados que en estos momentos están al cargo de la defensa de cien presos simpatizantes del zapatismo.

Setenta de ellos están encerrados en la prisión de Cerro Hueco. Conviven en dos habitaciones de 8 por 10 pies y ellos mismos "tienen que apañárselas para conseguir medicinas y alimentos", señala Gustamante.

La mayoría, antes de ser encerrados en esta prisión, ubicada en Tuxtla Guitérrez, capital del estado de Chiapas, han sido víctimas de agresiones por parte de los militares y de la policía. Y es que en este estado mexicano, en palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas, Nigel S. Rodley: "la tortura es endémica. Es un mal constante y prácticamente se aplica sistemáticamente en detenidos de carácter político. Dado que el médico adscrito a las Agencias de los Ministerios Públicos no tiene independencia en sus criterios y trabajos, rara vez señala que los detenidos tienen señales de tortura, por más que en ocasiones sean evidentes".

Una de las víctimas de la saña militar fue Francisco Arcos Gómez. Detenido cuando paseaba por una vereda, los militares lo trasladaron a la Comandancia Municipal, donde le interrogaron, le golpearon y le obligaron a ponerse un pasamontañas negro. También le hicieron encañonar una pistola de plástico.

Pero la lista de maltratos físicos en el momento de las detenciones es muy larga e incluye vejaciones y amenazas a las familias de los detenidos. "En los procedimientos que yo he revisado hay muchos casos de maltrato. Por ejemplo, hubo un preso al que entregaron como al Santo Cristo. Tenía perforaciones en las rodillas, en el vientre y en los pómulos. Pero las autoridades no han hecho nada en contra de las personas que le detuvieron", denuncia el abogado.

La tortura tampoco conoce edades. A Mario Santiz Ruiz, menor de edad, le golpearon y le torturaron tanto física como psicológicamente. Las lesiones en cara y cuerpo le obligaron a permanecer durante un mes en la enfermería de Cerro Hueco. A pesar de que después se recuperó, lo mantuvieron aislado de sus compañeros.

También los abogados reciben amenazas por parte de las autoridades: "cualquier persona tiene acceso a los boletines oficiales, y en el momento que se nos identifica como a simpatizantes del FZLN porque estamos defendiendo a sus presos, podemos tener problemas. Por este motivo aquí no se acercan los abogados. En el momento en qué hasta hace pocas semanas un solo abogado tenía que hacerse cargo de cien casos, queda claro que algo está sucediendo. Pero ahora", confiesa Gustamante, "el peor enemigo es el tiempo". Hay cien presos y tan sólo dos abogados para defenderlos de toda una maquinaria que tiene el respaldo de un gobierno. Un engranaje que incluye un aparato judicial que, en palabras del abogado mexicano, dista mucho de ser independiente. "Lo es sobre el papel, pero lo cierto es que depende del Ministerio Público y, ¿quién está al frente de este ministerio?".

SIGLAS Y ABREVIACIONES

CONAI Comisión Nacional de Intermediación

ENM Ejército Nacional Mexicano

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado

PGR Procuraduría General de la República

PJ Policía Judicial

PRD Partido de la Revolución Democrática

PRI Partido Revolucionario Institucional

PSP Policía de Seguridad Pública

SG Secretaría de Gobernación

Sabadell, 5 de septiembre de 1.998