Participantes de la Comisión: Lisa Peletti Clark, Oscar Schmidt, Jaume Soler y Alejandro Goldberg.

Green, anteriormente respresentante ante Naciones Unidas por el gobierno de Salinas de Górtari, manifestó que la situación en Chiapas ha sido históricamente compleja y complicada ("ustedes lo pudieron comprobar seguramente en su visita"). Esto, debido -en sus propias palabras- al "abandono y los rezagos históricos de ese lugar-"- Al mismo tiempo, aclaró que de cualquier forma, no está de acuerdo con la vía de la violencia.

Afirmó que "desde 1996, a partir de una negociación entre los partidos políticos para avanzar en la reforma del Estado", se ha avanzado por voluntad del gobierno a una democratización en todas las esferas de la vida política mexicana. Dio como ejemplo la reforma electoral, "proceso que se consolida con las elecciones del '97". Para la Lic. Green, "democracia" significa el "respeto al voto"-.

Sostuvo que "desde el año pasado podemos ver la recuperación económica de México", y enfatizó la necesidad de un estado nacional "compactado, unido", remarcando así el papel del estado, la necesidad de su existencia fuerte y del rol que juega en la actualidad, al mismo tiempo que su rechazo a la "autonomía que pueda violar la soberanía nacional" (en referencia obvia al punto máximo de discordia por parte del gobierno sobre los acuerdos de San Andrés).

Sobre la matanza de Acteal, se refirió al enfrentamiento entre dos grupos (no destacó cuales) y a las vías de solución que se pudieron en marcha desde el gobierno federal: primero la judicial, a través de la PGR para "terminar con la impunidad": se encuentran detenidas más de 60 personas implicadas en el hecho y "se siguen buscando autores materiales y autores intelectuales del hecho"; segundo la pacífica, que reafirma el "compromiso de diálogo y paz" por medio de la cual se procede a desarmar a los diversos "grupos armados" (cabe señalar su mención de "a nosotros nos cuesta mucho llamarlos paramilitares ya que ello supondría una relación de estos grupos con la institución militar que no existe de ninguna manera"). Para ello, se encuentra el ejército "como fuerza garante de interposición de paz"; y la tercera, la asistencia humanitaria, que "se ha canalizado con la asistencia de la Cruz Roja Mexicana y el apoyo de la CNDH".

Además, en la zona de Acteal se produce una "combinación de pujas extremas diversas (étnicas, religiosas, de propiedad y de autoridad)". "El gobierno mexicano no desconoce los muertos, pero si no es responsable de esas muertes, lo mismo que el ejército..."

Dijo que "en México existen canales de expresión, hay transparencia, hay libertad de circulación y acceso, fluye la información..."

Incluso -afirmó- "hoy, el tema de la tortura se debate públicamente". Respecto de esta última, explicó que no constituye una de las causas principales en las denuncias registradas por la CNDH.

La Lic. Green también se permitió utilizar un dicho del "saber popular" que dice: "No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas" para explicar su lógica de la administración en la cartera que preside. Sobre la campaña xenófoba desatada en las últimas semanas, sostuvo que era producto de los medios, quienes ya no sólo transmiten la noticia sino que la crean. No cree que en México exista un sentimiento de xenofobia, aunque si que haya "personas, sectores, poblaciones, individuos que se quejan de los extranjeros". Descartó una campaña persecutoria e hizo un llamado a las ONG's internacionales en el sentido que "respeten el marco legal de México".

Acerca de la petición por parte de los desplazados como de la CONAI de la necesidad de la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en la zona, Green manifestó que no era necesaria puesto que la ayuda humanitaria se estaba canalizando a través de la Cruz Roja Mexicana y la CNDH. Allí se le preguntó sobre la relación entre la Cruz Roja Mexicana y el gobierno y negó cualquier vinculación más allá de las "normales relaciones entre una ONG nacional y el gobierno".

Se le preguntó en torno a la negativa de Zedillo de reunirse con el presidente de Amnistía Internacional, Pierre Sané, a lo que contestó que sedebió a un problema de comunicación y descoordinación en la concertación de la entrevista. "Fue un desencuentro", subrayó.

Sobre las ONG's dijo: "Pienso que están llamadas a jugar un papel muy importante. Sin duda, tienen una proyección internacional. También me parece que es importante que como miembros de ONGs de acción nacional o internacional, entendamos que es muy importante, para no arriesgar nuestras reputaciones, mantenernos dentro de los marcos legales. Romper el marco legal, pretender que una acción justifica la ruptura del marco legal, es una premisa falsa y es riesgosa, porque a la larga tiende a descalificar una imagen equivocada de una ONG".

Afirmó que el "hecho de que México haya firmado el 8 de diciembre un acuerdo marco con la Unión Europea, aceptando una claúsula de democracia y otra de DDHH, y que esté dispuesto a cumplirlas, está asumiendo ya ese compromiso de democracia y de DDHH. He hablado con representantes de la Unión EUROPEA SOBRE LA CONSOLIDACIÖN DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÄTICAS Y EL tema de los DDHH en México..."

En relación a una posible "mediación" internacional en el conflicto de Chiapas, sostuvo que corresponde a los mexicanos y que existen condiciones para la resolución interna del mismo, con lo que descartó cualquier medida de este tipo.

Respecto de la situación actual de estancamiento en el diálogo, sostuvo que "el EZLN no tiene voluntad de sentarse a dialogar porque siente que la tensión internacional le favorece". Sobre esto, dijo que "es el único caso que conozco en el que un gobierno negocia con una guerrilla enmascarada". Además que " el EZLN no quiso convertirse en partido político desconociendo así el mandato del plebiscito por ellos realizado en el 96". Por último destacó "el gran esfuerzo que hizo el gobierno de bajarse de 27 a 4 observaciones al proyecto de la COCOPA", como muestra de su voluntad de diálogo.

ENCUENTRO CON EL COORDINADOR GUBERNAMENTAL PARA EL DIALOGO EMILIO RABASA

  El licenciado Rabasa explicó detalladamente el estado de la negociación y la línea gubernamental respecto al diálogo con el EZLN. Para empezar, explicó cómo se tenía que entender el ultimo discurso del Presidente Zedillo en Yucatán, señalando que el Gobierno mexicano tiene la intención de seguir una "línea de negociación y diálogo"; Añadió que "no hay duda de la validez jurídica de los Acuerdos de S. Andrés", que define como "un hecho nuevo" en la historia jurídica de México. Por lo tanto el gobierno "está plenamente dispuesto a cumplir los acuerdos firmados".

Según él el problema radicaba mas bien en "el proyecto de iniciativa de reforma constitucional elaborado por la COCOPA" basado en los acuerdos de San Andrés contra el cual el gobierno había levantado 27 objeciones. Estas "objeciones" provocaron el retiro del EZLN de la negociación, hecho que , según Rabasa, viola los acuerdos de San Miguel, precedentes al dialogo de San Andrés, de los cuales anexó copias y donde se contempla que " ninguna parte puede interrumpir de manera unilateral el dialogo".

En este punto se trató el tema de la matanza de Acteal, que según Rabasa, mostró "una mayor complejidad del problema", es decir, que se demostró la existencias de grupos armados Después de rechazar la denominación grupos paramilitares, utilizada por la COCOPA, el Sr. Rabasa dio su interpretación de los conflictos entre las comunidades y terminó hablando de los acontecimientos de Ocosingo el día 12 de enero, que a su vez demostraron la mala organización de la policía del estado de Chiapas, Seguridad Publica. Afirmó que, de cara a esta circunstancia, el gobierno decidió adoptar " una nueva estrategia" más amplia, que comprende tres puntos :

1· El Plan de la Seguridad: conducir una investigación federal sobre Acteal, reorganizar la policía de Chiapas, que, claramente, carece de mandos, instalar una dependencia de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos en el Estado, liberar a simpatizantes del EZLN - de los 300 liberados, señaló que 48 son tales; en definitiva restablecer el estado de derecho en Chiapas;

2· Reanudar las negociaciones con el EZLN. Aunque, para el gobierno la ruptura del diálogo no estaba justificada, se redujeron las 27 observaciones a 4 que, según su afirmación, no se refieren a los acuerdos de San Andrés, sino a la iniciativa de ley de la COCOPA.

A una pregunta posterior relacionada con este bloque temático ejemplificó estas observaciones con la afirmación que el artículo que contempla la propiedad colectiva de la tierra sería una violación del derecho de otro pueblos indígenas de México en cuanto a la propiedad privada y a la ejidal, por esto el gobierno pedía su modificación. Estas observaciones fueron entregadas a la COCOPA que, por medio de la CONAI, tenia que entregarlas al EZLN. Afirma que el gobierno, que niega haber solicitado " un encuentro secreto" con el EZLN, aceptó los 10 puntos de la COCOPA y de la CONAI preliminares a la reanudación del dialogo. Respecto a la presencia del ejército en Chiapas, declaró que el conflicto no incidía en la presencia del ejército federal mexicano en el Estado sureño, que era zona de fronteriza, disponía de recursos estratégicos y estaba expuesto al peligro del narcotráfico. En todo caso, añadió, que el gobierno estaba dispuesto a reconsiderar el dispositivo militar, si, en vista de una reanudación del dialogo, el EZLN estaba dispuesto en avanzar de la misma forma, o sea, renunciando a las municipalidades autónomas y al cobro ilegal de impuesto o peajes.

3· Indemnizar a los familiares de las víctimas de Acteal e iniciar un programa de ayuda para los desplazados, sin distinción de afiliación política.

El subsecretario de la Secretaria de Salud, José Narro, expuso a sus vez las dificultades de asegurar una intervención sanitaria eficaz en un estado que tiene 20.000 localidades , la mayor parte con menos de 300 habitantes, y en el que , sobre 2.3 millones de habitantes, el 11 por ciento es "no derecho hablante", o sea no disponen de ninguna cobertura de salud. En cuanto a los desplazados, repitió que el gobierno no hacía ninguna distinción ya que " donde no hemos podido llegar fue por decisión de los líderes de la comunidades." Entregó a la Comisión diversos documentos sobre las actividades de su Secretaría en Chiapas.

A su vez, el Subprocurador Eduardo Ibarrola entregó a la Comisión un "informe provisional" de la investigación sobre la masacre del 22 de diciembre, respecto a la cual el Procurador General de la República afirmó que no habría "ninguna tolerancia a la impunidad sin importar a cual nivel".

Explicó que se trataba de una "investigación nada fácil", a causa de las 24 horas transcurridas desde la matanza hasta el momento en que se empezó la investigación federal. Explicó que las autoridades locales "no tomaron la precaución de conservar intacto el lugar de la masacre" ya que movieron y "amontonaron" los cuerpos de las víctimas. No obstante, la Procuraduría logró determinar que "prácticamente todas la víctimas murieron por golpes de arma de fuego". Hasta este día se habían efectuado 67 detenciones con la acusación de homicidio, asociación delictiva y utilización de armas. Entre ellos figuraba un jefe de la policía local, 5 policías y 3 menores de edad. Los investigadores recogieron 400 declaraciones "no en español, y su traducción cuesta trabajo y dinero", especificó y añadió que uno de los problemas fue que " algunos extranjeros instruyeron a los testigos entregándoles una lista de nombres por denunciar. El grupo autor de la masacre , dijo, había sido organizado por un anciano al que simpatizantes zapatistas habían matado el hijo. Un hecho que formaba parte de un conflicto que se inició hace año y medio en el municipio de Chenalho. Afirmó que eran los autores materiales que se autodefenían "priístas", dado que "es imposible que un partido organizado pueda ordenar una masacre".

El señor Rabasa no supo dar respuesta a las preguntas de la Comisión sobre la evidente contradicción que una iniciativa de ley promovida de forma unánime por un organismo como la COCOPA, de la cual forman parte todos los partidos políticos, incluso el PRI, fue rechazada por un gobierno formado por el mismo partido. Otra pregunta hacía referencia a su calidad de "Coordinador", mientras que su antecesor en el cargo se denominaba "comisionado" Rabasa explicó que su trabajo consistía también en la coordinación de los esfuerzos de diferentes entidades gubernamentales. Se le preguntó, si también le incumbía la coordinación con la Sedena y, en caso afirmativo, por qué el secretario de la defensa, el general Cervantes Aguirre declaró, sin que hubiera ningún desmentido de otras instancias oficiales, que el ejército estaba en Chiapas para la aplicación de la ley sobre armas y explosivos, comprendiendo tanto a los grupos paramilitares como al EZLN, lo que constituía una evidente contradicción con la Ley de Concordia y Pacificación que según la COCOPA prevalece sobre la ley de armas y de explosivos y que el mismo gobierno asegura querer respetar. Rabasa respondió que había pruebas de la existencia de "civiles armado" zapatistas, distintos de las " tropas regulares" del EZLN; en segundo lugar que, en efecto, los acuerdos de San Miguel, violados además por el mismo EZLN, no preveían la impunidad de todos los zapatistas armados, sino solamente su libre circulación hasta la sede de los negociados y que la interpretación más amplia era una concesión del gobierno; para concluir dijo que había "dos leyes simultáneas" y que "nos encontramos en una doble situación".

Después de finalizar la entrevista, tanto el señor Rabasa como Marco Aparicio, este último en nombre de la Comisión, hicieron unas breves declaraciones a los numerosos periodistas presentes en las afueras del edifico de la entrevista.

ENTREVISTA REALIZADA CON JORGE MADRAZO CUÉLLAR, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En primer lugar, el Sr. Madrazo nos hizo saber su condición de miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, resaltando además sus anteriores funciones como Comisionado para la Paz en Chiapas y responsable de la CNDH. Seguidamente pasó a delimitar el contenido de la entrevista respecto a cuestiones relacionadas de modo directo con sus competencias como representante de la PGR, y especialmente en relación al estado de las investigaciones sobre la matanza de Acteal. Al respecto, explicó que la atracción de tales sucesos al conocimiento de la PGR, cuando en principio debe ser un delito de fuero común investigado por la procuraduría del Estado de Chiapas, fue decidida de modo inmediato por el Presidente de la República, y así se efectuó en base a uso de armas de grueso calibre en dichos sucesos.

En aproximadamente treinta minutos nos resumió el contenido del informe provisional de la PGR sobre la matanza de Acteal. De su exposición cabe destacar la insistencia mostrada sobre los "graves errores" cometidos por la policía local en relación, por un lado, a la falta de atención a los avisos sobre lo sucedido (los sucesos tuvieron lugar a las 11 de la mañana y no se llega al lugar de los hechos hasta las 4 de la madrugada siguiente) y, por otro, a la actuación en las primeras tareas de investigación, en las que levantaron los 45 cadáveres en apenas 2 horas, cuando, según indicó, para el levantamiento de un cadáver se requiere de 1 hora aproximadamente.

A continuación nos recordó que con gran celeridad fueron detenidas un total de 69 personas, de las que 56 están ya en prisión, entre las que se encuentra el entonces Presidente Municipal de Chenalhó, acusado de instigación. Seis de los procesados son miembros de Seguridad Pública, contando entre las acusaciones las de homicidio y lesiones por omisión y el haber facilitado armas a personas del grupo agresor. En este sentido, expresó: "sabemos que jefes de policía de Chenalhó estaban en las inmediaciones de Acteal mientras se desarrollaron los hechos, y que pese a ello no intervinieron". Cuando a lo largo del día 22 de diciembre se les preguntó a miembros de la policía de Chenalhó si había ocurrido algun incidente, contestaron con un "nada nuevo".

Nos informó de la existencia de 5 declaraciones confesorias que a su vez implican a 30 de los casi 60 encarcelados. Actualmente 30 personas más estan siendo investigadas y pronto se instará al juez para que dicte las correspondientes órdenes de aprehensión. En todo momento el licenciado Madrazo insistió en la gran complejidad de la investigación, entre otras razones, por la existencia de numerosos testimonios falsos y por las dificultades de investigar la zona "los lugareños han cercado sus comunidades con barricadas, y cuando algun miembro de la PGR se acerca se avisan entre ellos y se esconden". Respecto a la veracidad de algunos testimonios, señaló que existe la certeza de que personas pertenecientes al partido cardenista falsearon sus testimonios.

Una y otra vez se refirió a la propia complejidad del caso. Entre los motivos de la matanza existirían, según sus palabras, "una mezcla de intereses políticos, económicos, étnicos y religiosos". Concretamente señaló dos hipótesis: la posibilidad de que se tratara de un acto de venganza organizado por el padre de una persona asesinada días antes, y que fuera resultado de la constante disputa por un banco de arena, disputa que desde abril de 1996, cuando se instituye el municipio autónomo de Polhó, se intensifica.

Insiste en que la situación de tensión entre comunidades explica lo sucedido, y que previamente a Acteal existen 47 hechos delictivos sin investigar, es decir, que quedaban impunes (estos hechos están ahora siendo investigados por la PGR). En este clima se daban respuestas "de un lado y de otro". Se trata de tensiones que a partir de 1994 se intensifican y se polarizan: por un lado aparecen las comunidades simpatizantes con el EZLN o "perredistas", y por otro las comunidades autodenominadas priístas. Advierte que la matanza de Acteal "no se puede entender desde un punto de vista occidental, lo complicado es tratar de ver la justicia con ojos occidentales cuando los usos tradicionales de la zona son muy distintos (...) es una mentalidad difícil de comprender, se toman la justicia por su mano".

Después de resaltar la situación de venganzas y tesiones entre comunidades advierte que existe una línea de investigación relativa a los que él llama, "por no entrar en un problema conceptual", "grupos con armas". Nos habla de la existencia de 12 grupos armados ("contando ambos bandos") en Chiapas y que se está investigando el tráfico de armamento que "a buen seguro", señala, "proviene de las sobras de las guerrillas de centroamérica".

Nos anuncia de la próxima creación de una fiscalía especial para los sucesos de Chenalhó, así como de tres oficionas de la PGR en puntos conflictivos de Chiapas (Ocosingo, Chenalhó-Pantelhó y Zona Norte).

Por último, vuelve a recordar que la mezcla entre la impunidad y los deseos de venganza son dos de los factores que explican Acteal , que en unos 15 días se habrá avanzado bastante en las investigaciones, pero que no se puede caer en la precipitación :"yo tambien quisiera tenerlos ya presos a todos, pero lo que no podemos es generar un conflicto en el municipio de Chenalhó".

A continuación, quienes integrábamos la delegación de la Comisión procedimos a efectuar una serie de preguntas a las que el señor Madrazo accedió a responder:

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta: En el informe y en su exposición inicial se indica que "extranjeros" facilitaron listas falsas de acusados a los propios indígenas, para que fueran ellos quienes los acusaran. ¿Se ha identificado a estos extranjeros?

Respuesta :

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta:

Queríamos también preguntarle si tiene conocimiento del asesinato de José Tila López, representante indígena que fue muerto tras haber venido a hablar con una delegación de la Comisión en su visita a la Zona Norte.

Respuesta:

Para finalizar cerró con la siguiente frase: "si no tienen ninguna otra cuestión sólo quisiera señalar que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en todas las investigaciones que llevamos a cabo, pero no porque haya mucha presión o muchos ojos puestos acá; el único interés que voy a obsequiar señores, es el interés de la justicia, ninguno más. Aquellas personas que tengan probable responsabilidad las voy a presentar ante el juez. En donde yo no tenga pruebas ni evidencias no lo voy a hacer, porque yo no voy a incurrir en una violación contra los derechos humanos".

ENTREVISTA CON LA SRA. MIREILLE ROCATTI , PRESIDENTA DE LA COMISIÖN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LA SEDE DE DICHO ORGANISMO (MÉXICO, D.F.) REALIZADA EL DIA 26 FEBRERO.

Estaban presentes: Sra. Mireille Roccatti Presidenta, cuatro Visitadores y el Secretario Ejecutivo, por parte de la C.N.D.H., y siete miembros de la Comisión Internacional.

Los temas Lostratados se puden agrupar en 6 apartados.

1. Funcionamiento de la C.N.D.H.

Su función principal es recibir las quejas de los ciudadanos. Según la Sra. Roccatti se recibe todo tipo de quejas sin ningún tipo de formalidad (directamente, por teléfono, carta, etc., o a través de algún organismo). Tienen además facultades para iniciar de oficio una investigación o a instancias de parte.

La función de la comisión no es prestar ayuda humanitaria, sin embargo, en el caso de Chiapas la están realizando, al tratarse de "una situación muy especial".

Reciben 30 quejas diarias, 9.000 al año, y todas las quejas se investigan y se envia oficio por escrito a los interesados, informando que están investigando, quién es el abogado y en que instancia está. Señala que el 60 % de quejas recibidas no son de la competencia de la comisión, ya que no son violaciones de los DDHH. La Sra. Roccatti señala que los ciudadanos desconocen las instancias a donde deben acudir, y en estos casos, la CNDH hace una labor de orientación.

2. CHIAPAS

Según la Sra. Roccatti esta oficina permanente trabaja en coordinación con Cáritas, el Centro de DDHH. Fray Bartolomé de las Casas, Enlace Civil, Cruz Roja mejicana y otras entidades de ámbito local.

Están trabajando en ayuda humanitaria a los desplazados, como es el caso de Xo' yeb, en el que el ejército se había instalado demasiado cerca y gracias a su intervención el ejército accedió a desplazarse 2 kms.

3. MILITARIZACIÖN

Según la interpretación de la Constitución mexicana, realizada por la Suprema Corte de Justicia, se apoya que el ejército realice funciones de seguridad, ya que no existe una Guardia Nacional. Por otra parte, se justifica la presencia militar, debido a la falta de confianza de la población hacia la policía estatal. Aunque también manifiesta que esta presencia, desde el punto de vista social, es grave, pero "si existe intimidación e inseguridad y no hay confianza en la policía estatal, la única solución es la presencia del ejército".

4. ACTEAL

Los de la CNDH fueron los primeros en llegar a Acteal después de la matanza: "nosotros llegamos, tomamos pruebas, etc., ya que las autoridades locales no habían preservado el lugar ni habían tomado pruebas.
Levantamos acta de los testimonios".

También solicitaron un peritaje de audiometría para saber si desde Majomut, en donde había un destacamento de policía estatal, se oyen los disparos y la prueba fue positiva, y se remitió la información de la investigación a la Procuraduría General de la República.

5. PRESOS POLÍTICOS, TORTURA E IMPUNIDAD

Ante la pregunta de que existen muchos casos de tortura en que los responsables no fueron castigados, declara que: "pueden haber fallos técnicos en la instrucción o que no haya pruebas suficientes para poder condenar. Tenemos fallas y lo reconocemos. Existe impunidad en estos procesos".

Repecto a la situación de la prisión de Cerro Hueco afirma que no hay ningún preso sin sentencia.

Reconoce que pudiera haber "algún caso de preso político", y que existen deficiencias en todo el sistema penitenciario del país, y no sólo en Cerro Hueco.

6. ACUERDOS DE SAN ANDRËS

La suspensión del diálogo, opina, que es debida a las cuestiones que se derivan del proyecto de ley de la COCOPA sobre la autonomía, que entra en conflicto con la soberanía nacional. Opina que hay que avanzar en los Acuerdos a partir de la re-municipalización y re-distritación, pero no se puede avanzar en ello, debido a que los Diputados chiapanencos no pueden entrar en las zonas controladas por el EZLN para hacer las pertinentes consultas a la población. Añadió "se requiere más voluntad política, y estas consultas se debe permitir hacerlas".

7. PRESENCIA DE EXTRANJEROS

ENTREVISTA CON EL LIC. ROBERTO ALBORES GUILLÉN, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

La entrevista fue realizada el 23 de Febrero de 1998 a las 20 horas por una delegación de la Comisión en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas). A continuación se reproduce el resumen de la transcripción

Una vez realizada la presentación enumera las principales características del Estado, pasa a describir las riquezas naturales, la capacidad productiva y su interpretación de la realidad sociopolítica del estado. Constata que Chiapas se encuentra en un proceso de recuperación, con signos de paz y la vigencia del Estado de Derecho. Sin embargo, reconoce que hay partes del estado, principalmente las zonas indígenas, donde existe un deterioro de las estructuras, debido a causas históricas, señalando que a los indígenas les hace falta todo.

Estima que por parte del Gobierno no se niega la legitimidad histórica ni la validez del movimiento indígena. Entiende que hay un proceso de diálogo desde el 94, destacando que el Gobierno de la República optó desde el 94 por la negociación y por la paz, buscando una salida política al conflicto, aplicando la fuerza de la política en vez de la política de la fuerza. Asimismo destaca que los problemas que surgieron a raíz del conflicto, tanto de carácter agrario, religioso, intercomunitario, o de competencia de fuerzas políticas emergentes, no pueden resolverse a corto plazo.

Reconoce como un avance fundamental en la negociación la creación de la COCOPA, donde están representados los distintos partidos, y la Ley de Concordia y Pacificación (de la que apenas recordaba el nombre), y considera que estas son muestras de que el Gobierno reconoce la legitimidad del alzamiento en sus orígenes y que el diálogo no está cortado, sino que está suspendido. Señala que dentro de este esquema el litigio fundamental que se ha dado es la iniciativa de ley para los asuntos indígenas.

Para el Sr. Albores existe un debate abierto desde que el EZLN se retira de las negociaciones cuando el Gobierno formula una serie de objeciones y reconsideraciones al anteproyecto de iniciativa de ley de la COCOPA. Dentro de la COCOPA se reproduce este debate que, como ex-miembro de esta instancia dice conocer a fondo. Su punto de vista sobre el debate marca dos escenarios bien diferenciados:

Por una parte el Gobierno firma los Acuerdos de San Andrés, acuerdos que Albores describe como una serie de documentos importantísimos que denotan avances sustantivos en los derechos y en la participación de las comunidades indígenas, y a través de las declaraciones del Presidente Zedillo en Yucatán queda claro que estos acuerdos no entran a discusión. Sin embargo manifiesta que el gobierno tiene reticencias en la interpretación jurídica de estos acuerdos. El Gobierno mantiene la tesis de que no es posible trasladar los acuerdos de San Andrés Larráinzar a término constitucional ya que después de estudiar los acuerdos de la iniciativa de ley el Gobierno estima que existen varios puntos que vulneran la soberanía nacional.

Albores señala que el papel de la COCOPA como coadyuvante cumple un papel fundamental, siempre que se limite a su papel neutral y no asuma ningún planteamiento unilateral que favorezca a una u otra parte porque pierde su credibilidad y deja de ser un instrumento útil para el diálogo.

Según él, la CONAI es el otro elemento fundamental de las negociaciones, es el instrumento de intermediación acreditado por una de las partes, el EZLN. Y aquí vuelve a reiterar que es fundamental que estas dos instancias asuman el papel que les corresponde con cuidado ya que al ser temas tan sensibles, cualquiera de las partes puede percibir que están ayudando a una u otra parte.

Albores afirma haber comprobado en sus pláticas con diversos sectores sociales que los chiapanecos en un alto porcentaje quieren la paz, pero no una paz radicalizada y de enfrentamiento. Declara que en este proceso no debe haber ni vencedores ni vencidos para no perjudicar a ninguna de las partes. Las partes deben ser más flexibles.

Según él, el Gobierno tiene una actitud bastante flexible, ya que pasó de 27 observaciones a sólo 4, los que pretende discutir con el EZLN.

Afirma que hay que destrabar este bache para establecer una agenda política de negociación que incluya muchos temas, que quedaron pendientes en S. Andrés, incluidos los temas nacionales, para llegar a acuerdos que puedan materializarse en reformas constitucionales. El conflicto no se acaba con la Ley Indígena, ya que hay voluntad de una transformación estructural del Estado Mexicano, para la que ya se habían dado los primeros pasos.

En este contexto, la voluntad del Gobernador de Chiapas no es minimizar el conflicto, pero considera que la información que llega a la opinión pública internacional es parcial y no corresponde con la realidad chiapaneca. Considera que han de ser los chiapanecos los que participen activamente en la pacificación del conflicto.

Declara que el gobierno ha tomado iniciativas de paz, por ejemplo, se habría liberado más de 300 presos, muchos de ellos simpatizantes del EZLN lo que además estaría en concordancia con una de las siete exigencias que presentó el EZLN para reanudar el diálogo. Albores sostiene que ahora sólo quedaba un preso zapatista en Veracruz, pero según Marcos, cita Albores, todavía quedan muchos presos zapatistas.

Según él, otro punto a cumplir es el desarme generalizado en el Estado de Chiapas, con la excepción del EZLN ya que está amparado por la Ley de Concordia y Pacificación. Los grupos civiles armados que existen deben ser desarmados.

En el siguiente punto Albores sostiene que no habrá paz hasta que no haya justicia social. Reconoce que los índices económicos del estado son preocupantes. Afirma que los problemas en las zonas de conflicto hay que revertirlos a través de programas sociales.

"Necesitamos crear empleo, para el próximo año vamos a crear 300.000 puestos de trabajo." A diferencia de las consideraciones reproducidas en los Acuerdos de San Andrés, Albores no aboga por el reparto agrario sin por una renovación tecnológica y un ambiente favorable para la inversión Para finalizar su discurso inicial Albores informa que el próximo sábado 28 de febrero, el Gobierno de Chiapas presentará públicamente un ACUERDO ESTATAL PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN. Este programa consta de 30 medidas propositivas, y que será consultado a través de las organizaciones. Como ejemplo comenta algunos de los puntos más importantes:

1. Amnistía a líderes sociales encarcelados

2 Desarmar a grupos armados

3. Independizar la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo

4. Dar un nuevo enfoque de desarrollo económico

5. Garantizar elecciones libres, 6. Fortalecer el estado de derecho.....

Según él, con este nuevo impulso, el Gobierno Chiapaneco no pretende interponerse en medio de las partes del conflicto existente, sino que exige a las partes que tomen la opinión y consideración de los chiapanecos. Además Albores considera que el Ejército Federal no debe retirarse de Chiapas, ya que están garantizando la seguridad en el estado. Sí se puede negociar un reposicionamiento, pero siempre que el EZLN no avance unilateralmente.  

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA DELEGACIÓN:

1. Después de Acteal ¿cuáles han sido los elementos de reestructuración del aparato policial del Estado?

2. ¿Cómo es posible un voto democrático entre los indígenas, que votan a sus propios representantes de la comunidad sin participación de los partidos políticos?

3. Los Acuerdos de S. Andrés implicaban una reforma constitucional en el Estado, después de la consulta ¿se puede compatibilizar con los acuerdos ya pactados?

4. En cuanto a los desplazados, ¿qué políticas están implementando para que regresen a sus comunidades y para que reciban la ayuda humanitaria?

5. Al hablar de liberación de líderes sociales, ¿reconoce entonces que hay presos políticos?

Albores respondió que así sería y que se aplicaría la Justicia con todas sus consecuencias.