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| INFORME DE LAS ENTREVISTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL REALIZADAS POR LA CCIODH SOBRE LA SITUACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | ||||||||||||||||
a) El marco institucional.b) Principales cuestiones.c) Resumen de las entrevistas realizadas.d) Conclusiones.a) El marco institucional:Para una mejor comprensión del contenido de las entrevistas efectuadas, resulta de suma importancia ubicar de modo previo el momento en que las mismas tuvieron lugar: febrero de 1998, es decir, apenas un mes después de los cambios producidos en el Gobierno mexicano tras los sucesos de Acteal.De este modo cabe señalar que las muestras de rechazo que en ocasiones anteriores había podido mostrar el Gobierno ante la presencia de misiones de observadores internacionales (recordemos el trato recibido recientemente por miembros de Amnistía Internacional y de la Federación Internacional de Derechos Humanos) no caracterizaron, afortunadamente, el trato que la Comisión recibió por parte de las autoridades. De este modo y con la colaboración prestada por la licenciada María Amparo Canto, de la secretaria de Relaciones Exteriores, se pudieron concertar y realizar la práctica totalidad de las entrevistas requeridas a excepción de las referentes a las Fuerzas Armadas: Secretaria de Defensa Nacional, Jefatura de la VII Zona Militar y Presidencia de la República. Consideramos fundamental que las condiciones en que la Comisión ha podido desarrollar su tarea constituyan el punto de partida de un esquema de receptividad del Gobierno mexicano hacia futuras misiones internacionales de observación, en la línea de la consideración que cualquier gobierno debe mostrar hacia el papel de la comunidad internacional en relación al respeto a los derechos humanos.
b) Principales cuestiones:La situación que vive el Estado de Chiapas tiene una serie de elementos que la hacen característica y que han obligado a la Comisión a realizar una determinada labor de observación y análisis.En el desarrollo de la misma ha sido imprescindible conocer de manera directa la visión y los planteamientos que las distintas autoridades e instituciones tienen al respecto. Con el objeto de poder realizar un examen exhaustivo se ha optado por centrar todas las entrevistas en una serie de ejes comunes por medio de los cuales se han podido recoger los distintos puntos de vista en las principales cuestiones. Hay que decir, en respuesta a algunas de las voces que, de modo aislado, han pretendido el carácter estrictamente político y no relacionado con la situación de los derechos humanos de dichas cuestiones, que dado el contexto en el que se desarrolla el conflicto que se vive en Chiapas, se trata de puntos ineludibles para cualquier tarea cuyo objeto constituya poder ofrecer un panorama veraz de la situación de los derechos humanos en la región y de los principales obstáculos con que se encuentran las vías de solución que no son otras que las vías que han de llevar a una situación más favorable en cuanto al respeto de los derechos universalmente reconocidos. Las principales cuestiones planteadas han sido las siguientes: 1. Situación del proceso de diálogo en el marco de los Acuerdos de San Andrés. 2. La matanza de Acteal y sus consecuencias. 3. La situación de las personas desplazadas. 4. La presencia del Ejército en la zona. 5. La presencia de grupos paramilitares. 6. Las líneas de actuación propuestas para la solución del conflicto. 7. La presencia internacional.
c) Resumen de las entrevistas realizadasI. Instancias de coadyuvancia, verificación o intermediación en el proceso de diálogo y pacificación.1. COCOPA.2. COSEVER. 3. CONAI. II. Instituciones oficiales.1. Coordinador para el diálogo: Emilio Rabasa.2. Secretaría de Gobernación: Francisco Labastida. 3. Secretaria de Relaciones Exteriores: Rosario Green. 4. Procuraduría General de la República: Jorge Madrazo. 5. Comisión Nacional de Derechos Humanos: Mireille Rocatti. 6. Secretaría de Salud: José Narro (subsecretario). 7. Gobernador del Estado de Chiapas: Roberto Albores Guillén. 8. Presidente del Congreso del Estado de Chiapas: Sr. Bonifaz. 9. Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas: Rolando Villafuerte. 10. Cuarto Relator de la CNDH: Adolfo Hernández Figueroa 11. Representante de Migración en San Cristóbal de las Casas: III. Otras personalidades:1. Diputado del PRI del Congreso de Chiapas: SamuelSánchez Sánchez (miembro directivo de Desarrollo Paz y Justicia) 2. Presidente del PRI de Chiapas: José Antonio Bodega 3. Presidente del PAN de Chiapas: Raimundo Toledo. 4. Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana: Cipriano Villegas Apodiaga. Entrevista con la COCOPA, 16 de febrero del 98, en las instalaciones de la COCOPA, Mexico DF.Presentes : 16 miembros de la COCOPA (del PRI, PRD, PAN, Partido Verde Ecologista, PT y los dos miembros representantes de Chiapas).Integrada por seis representantes de Italia, Estado Español y Francia, la comisión fue recibida bastante cordialmente durante más de dos horas, por la COCOPA casi en pleno. Solo hasta el final uno de los representantes del PRI generó cierta tensión al cuestionar los objetivos y la composición de la comisión. Después de una breve presentación de los presentes, se empezó una rueda de preguntas y respuestas de la que a continuación presentaremos une breve reseña. Los diferentes integrantes de la COCOPA expresaron cada uno puntos de vistas diversos, aunque de manera general nos manifestaron que a su ver, nuestra comisión tenía una gran trancendencia. Nos agradecieron por nuestra solidaridad, y uno de los representantes chiapanecos insistió en que también fueramos a conocer el Chiapas próspero, el que trabaja, el que quiere paz. A la vez, otros miembros de la COCOPA señalaron que en todo México, desde la sociedad civil hasta la SEDENA, nadie quiere guerra. En un principio, informaron a nuestra comisión del largo proceso de trabajo en favor de la paz realizado por el Congreso de la unión desde el 1994, mismo que desembocó en la formación de la COCOPA el 11 de marzo del 1995. En la actualidad, solo 3 de los integrantes inciales de la COCOPA siguen participando en ella, dado que se ha renovado la asamblea federal después de la elecciones del 6 de julio del 1997. En el proceso de díalogo, la COCOPA tiene un papel de coadyuvancia entre las partes, las cuales claramente identificaron como el EZLN y el ejecutivo federal. Los principios de la COCOPA han sido la neutralidad activa, la pluralidad y la voluntad de acercar a las partes, fuera de cualquier protagonismo personal o partidario. Asismismo, manifestaron que trabajan en base al consenso, lo que significa trabajar duramente para mantener el -delicado- equilibrio entre los puntos de vista bastante diferentes que existen al interior de la COCOPA. Respecto al conflicto que estalló el 1° de enero del 1994, manifestaron que fue originado por causas reales, profundas -con lo cual quedó claro que dicho conflicto no es responsabilidad de extranjeros, así como en los últimos días lo han querido presentar algunos medios de comunicación. En torno a la iniciativa de reforma constitucional que redactó la COCOPA a petición de la dos partes y que fue dada a conocer el 29 de noviembre del 1996, manifestaron que el documento era un intento de traducir a norma jurídica los Acuerdos de San Andrés, y que por tanto no reflejaban una posición propia de la COCOPA. Después que este documento fuera aceptado por parte del EZLN, el gobierno primero le hizo 27 observaciones, que ahora se han reducido a 4 observaciones (las cuales vienen siendo 17 cuartillas y no han sido dadas a conocer al público). Insistieron los miembros de la COCOPA en que dicha iniciativa de reforma no es propiedad de la COCOPA, sino que es de las dos partes, y que seguramente es perfectible desde un punto de vista jurídico. Descartaron que hubiera conflicto alguno entre el ejecutivo federal y el poder legislativo a raiz de estas observaciones gubernamentales, sino que el conflicto es entre el gobierno y el EZLN, y asi mismo reiteraron que según entienden, la misión de la COCOPA es acercar a las partes. Por esta razón, la COCOPA hizo llegar -muy recientemente- estas nuevas observaciones al EZLN a través de la CONAI, y en el día en que se realizó la entrevista, aún no se conocía la posición del EZLN al respecto. Lo que nos dijeron los intregrantes de la COCOPA, en todo caso, era que en este momento no cabía ninguna posición intransigente, y que la COCOPA no podía hacer nada mientras el EZLN no se volvía a sentar a dialogar. Dos representantes del PRI insistieron además en que el EZLN aún no había retirado su declaración de guerra al gobierno federal, hecha al principio del levantamiento. La COCOPA insistió además que no tenía sentido lanzar por aparte (como COCOPA o como representantes del poder legislativo) una iniciativa de reforma frente al Congreso, dado que aún no existe un claro consenso nacional en torno a la cuestión de la autonomía indígena. Sin embargo, no se extendieron sobre como iban a trabajar para generar este consenso. Nosotros expresamos cierta sorpresa frente al hecho que el valioso trabajo de la COCOPA no haya sido recogido como se merecía, y frente al hecho que, a pesar de representar tanto al poder legislativo como a los diferentes partidos representados en el Congreso, este trabajo no haya podido desembocar en un proceso rápido de reforma constitucional. Nos contestaron que en México, no existe un sistema de partidos sólido que garantice tal posibilidad, y que la COCOPA no es correa de transmisión hacia los diferentes partidos ni al revés. Gilberto López y Rivas manifestó que el país se encuentra frente a un momento histórico muy especial. Jamás se ha visto tanta militarización e incluso paramilitarización del país, por lo menos desde los años 60 y 70 en Guerrero. Incluso existen ahora presos políticos y lo que alguna gente llama guerra sucia. Se está frente a la disyuntiva de una transición pacifica o del fracaso de aquella, y se debe preguntar como se va a abordar el papel del ejército en una democracia como la de México -así como ha pasado en el Estado español, donde había asesinos en el más alto nivel del Estado. Insistió en que la COCOPA no puede en ningún momento dar la impresión que se inclina por una de las dos partes, porque correría el riesgo de perder su legitimidad frente a la sociedad como instancia confiable. Por ejemplo, el Secretario de Gobernación ha insistido en manejar que los grupos paramilitares eran grupos armados al igual que el EZLN. Sin embargo, para la COCOPA ha quedado muy claro que no se puede comparar al EZLN con los grupos paramilitares, ya que el primero es un interlocutor que ha sido legitimado primero por la Ley de concordia y pacificación y luego por los propios Acuerdos de San Andrés. Así es como la COCOPA no cedío sobre este punto, y finalmente la PGR confirmó que eran realmente grupos paramilitares. También lograron llegar a consensos como COCOPA sobre otros temas : por ejemplo el hecho de que el éjercito federal tiene que salir de la comunidades indígenas y reubicarse, a la vez que se debe de reducir la cantidad total de militares ahora presentes en la entidad chiapaneca, y que a las personas desplazadas no les debe de brindar ayuda ningún partido en especial ni el gobierno, sino que instancias como la Cruz roja internacional u organismos de derechos humanos. Estos puntos forman parte del paquete de distensión que formularon en un documento conjunto con la CONAI dado a conocer el 22 de enero del presente año. Se trata de un documento en 10 puntos que ambas instancias consideran como condiciones necesarias para la reanudación del díalogo. Sin embargo, faltó tiempo para conocer los esfuerzos que la COCOPA iba a realizar para que estos 10 puntos se cumplen. En diferentes momentos insistieron en la relevancia de nuestra misión internacional de observación de los derechos humanos, sin embargo por otra parte varios integrantes de la COCOPA manifestaron su firme voluntad de que la resolución del conflicto se dé entre mexicanos. Rechazaron enérgicamente la posibilidad de una intervención de la ONU, que en los últimos tiempos se ha ido manejando en algunos medios informativos. Nos explicaron que había que entender, por la historia tan especial de México y las muchas intervenciones extranjeras que se han dado, esta preocupación por resolver ahora el problema de manera interna. Manifestaron que el nacionalismo que existe en México, en ningún momento se debe de confundir con xenofóbia y que México siempre ha tenido una postura de acogida hacía los extranjeros. Sobre el futuro de la COCOPA, expresaron que éste dependía de la evolución del conflicto. Después de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre 1997, la COCOPA ha recobrado la relevancia que se merece como instancia coadyutora hacia la paz y manifestó que quería seguir cumpliendo su papel de acercar a las partes. Sin embargo, algunos de sus integrantes manifestaron incertidumbres sobre el futuro. Sobre el papel de nuevo coordinador general para el díalogo Emilio Rabasa Gamboa, manifestaron que su nombramiento no cambiaba en nada el papel que le tocaba a la COCOPA, ni que se podía confundir de ninguna manera dicho papel, que es de coadyuvancia, con el de la CONAI, que es de intermediación. Quedamos en entregarle a la COCOPA, como a todos los organismos que la Comisión entrevistaría en el transcurso de su estancia en le país, un ejemplar del informe que realizaremos. Finalmente, la COCOPA nos entregó una carpeta informativa que incluía entre otros a los siguientes documentos de gran relevancia : - pronunciamiento conjunto con la CONAI sobre las 10 condiciones para la reanudación del díalogo - ley de concordia y pacificación para una paz justa y digna en Chiapas - iniciativa de ley para la reforma constitucional formulada por la COCOPA Al terminar la entrevista, cuando la Comisión se estaba despidiendo, nos anunciaron que se habían hecho presente de forma espontanea un grupo de 12 indígena Choles que querían reunirse con nosotros, y que viéramos lo que queríamos hacer al respecto. Manifestamos que no teníamos mandato para entrevistarnos con nadie más que la COCOPA, pero que sin embargo íbamos a encontrarnos con ellos para ver de qué se trataba y arreglar una cita posterior. Acto seguido, nos llevaron a un cuarto vecino, en el que dichos indígenas Choles nos hicieron entrega de un comunicado de prensa y de un documento titulado "Ni derechos, ni humanos", fechado de noviembre del 1997, respuesta del grupo Desarrollo Paz y Justicia al informe del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, sobre la situación en la zona Norte de Chiapas. Agradeciéndoles por dichos documentos, les comunicamos el teléfono del secretariado de nuestra Comisión en Chiapas, y tomamos nota del teléfono personal que nos comunicó uno de ellos, para concertar una cita posterior, reiterando nuestra explicación en torno a que nuestro grupo no tenía mandato para entrevistarse más que con la COCOPA. Dicho esto, nos despedimos. Posteriormente, nos avisaron de que nos estaban esperando los periodistas en la salida de las oficinas de la COCOPA. Por acuerdo anterior de la Comisión, les manifestamos que no podíamos concederles ninguna entrevista en este momento, pero que les haríamos llegar toda la información por medio de la comisión de prensa de la Comisión.
ENTREVISTA CON COSEVER.Participantes: miembros designados por el EZLN pertenecientes a Alianza Civica, Asociacion Abogados Democraticos, Red de Derechos Humanos y representantes del EZLN, y siete miembros de la Comision Internacional de Observacion.Constatamos la ausencia de la mitad de la Comisión correwspondiente a los miembros designados por el Gobierno. Nos informan de la creación y composición de la COSEVER. asi como sus objetivos: seguimiento y verificacion de los acuerdos; sus miembros son independientes y autónomos por las dos partes. Para poder funcionar se necesita la presencia de la mitad mas uno de los miembros, situacion que no se ha dado desde el 7 de Diciembre de 1996, cuando en la última reunión convocada, la parte designada por el gobierno no se presentó. Por lo tanto , la entrevista no fue con la COSEVER propiamente sino que dialogamos con una parte de ella, tratando los problemas de la situacion actual. Nos contaron que durante todo este tiempo habian actuado con prudencia esperando a que fuera convocada la comision de manera formal. Pero, despues de los sucesos de Acteal se estudia la posibilidad de una actuacion unilateral. Indicaron como posibilidad de accion abrir espacios de participacion internacional basandose en el derecho internacional de DDHH y en el articulo 9 de la O.I.T. firmado por el gobierno mexicano que atañe directamente a los asuntos de entidad indigena, autonomia y propierdad de la tierra indigena. Valoran positivamente nuestra presencia y nos dan las gracias por ello.
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA MANTENIDA CON EL OBISPO SAMUEL RUÍZ GARCÍA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INTERMEDIACIÓN (CONAI)San Cristóbal de las Casas, 27 de Febrero de 1998.Tras las presentaciones los observadores explican los objetivos de la Comisión y la labor que se ha realizado hasta el momento. El obispo puntualiza que no van a poder obtener una visión unitaria de la situación y manifiesta que, además de los diferentes puntos de vista sobre el problema existe, de parte de la clase política, una visión particular de la verdad que no es ética, sino práctica, y que cambia con las circunstancias. D. Samuel advierte que, debido a esto la Comisión se encontrará con situaciones que no encajan dentro de ningún esquema ya que son incompatibles. En este marco de las diferentes verdades se le pregunta acerca de las advertencias que esta Comisión recibió por parte de la secretaría de gobernación a su llegada al país, en las que se dejaba muy claro que la observación es una actividad permitida pero que estas personas no podrían en ningún caso inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Los observadores muestran su inquietud por saber a quienes y bajo que criterios corresponde definir lo que es político y lo que no. El obispo responde que esta misma reunión podría ser considerada política y estar sujeta a censura y cuenta la anécdota de cómo un agente de migración local se presentó durante una celebración eucarística para fotografíar a los extranjeros presentes y respondió, cuando se le pidieron explicaciones por esta actitud, que aquellas personas estaban participando en un acto político. A continuación el obispo explica que tiene una concepción clara de que su acción evangelizadora tiene una dimensión política ya que si ésta no tratara de cambiar el mundo y se limitara a hacer una serie de aclamaciones no estaría viviendo un vida cristiana. Inmediatamente distingue entre la dimensión política de la fé y la política partidista y afirma que ésta última queda fuera de la estructura de la Iglesia al tratarse de una opción individual. Afirma que la fé ilumina todos los aspectos de la vida y que aunque no obliga a tomar opciones concretas sí hay ciertas actitudes que son obligatorias para un cristiano, como estar del lado de los pobres. Describe que un análisis adecuado de la realidad presenta una relación clara de causalidad entre la situación de riqueza y de pobreza y que cuando se alcanza este análisis lo que podría ser una opción se convierte en obligación. De este modo explica que ante actitudes aplastantes y depredadoras por parte de las fuerzas sociales tiene muy claro qué cosa es actúar dentro de una opción política partidista y qué es actuar de acuerdo a la dimensión política de la fé. Pone ejemplos de Libro de los Apóstoles para ilustrar su exposición afirma que el objetivo de su acción pastoral no es la denuncia como tal sino una denuncia que promueva un cambio en estas situaciones de injusticia. A continuación describe las irregularidades en las expulsión del sacerdote francés Michel Chanteau y afirma que esta persona dijo la verdad sobre los sucesos de Acteal al afirmar que la masacre no se había producido a espaldas de las autoridades civiles, lo que se demuestra por el hecho de que las autoridades responsables, el procurador de justicia, el jefe de la policía, el gobernador del estado y el secretario de gobernación fueran apartados de sus puestos. El obispo afirma que el operativo militar en la población de la Realidad en el mes de enero se desató para silenciar estos hechos y concluyó, con respecto a la expulsión de Chanteau, que decir la verdad es peligroso. Con respecto a la capacidad de los observadores de pronunciarse sobre cualquier situación que afecte a los asuntos polícos internos de México pone el ejemplo de que decir que las lagunas de Montebello está sucias podría ser interpretado como una crítica al sistema de salubridad y ser considerado motivo de injerencia y por tanto de expulsión. Los observadores preguntan si tanto esta expulsión como la campaña lanzada desde algunos medios de que la CONAI era quien promovía la entrada de observadores extranjeros en Chiapas no es interpretada por el obispo como un intento de desprestigiar a la institución a que representa. A esto responde afirmativamente y dice que no es la primera vez que esto ocurre. Comenta el caso de otros sacerdotes expulsados bajo acusaciones absurdas y describe claras violaciones de los Derechos Humanos en uno de los casos. Don Samuel describe cómo durante su trayectoria pastoral, ante situaciones de gran injusticia social, se va distanciando de los terratenientes y explica que así fué surgiendo una situación de rechazo cuando dejó de haber base para poder mantener lo religioso en connivencia con la dominación política y afirma que así se fué desarrollando una guerra sorda de acusaciones y calumnias en su contra tanto frente a las autoridades civiles como eclesiásticas. Declara que dentro de la lógica de una disputa tanto el gobierno como los zapatistas han querido utilizar a la CONAI y afirma que la CONAI no está en favor de los zapatistas sino a las causas justas que éstos han enarbolado -tal y como se reconoce en la Ley para el Diálogo- ni que tampoco son representantes del gobierno, como han sido recientemente acusados. Significativamente el obispo Samuel Ruíz declara que la CONAI nunca se ha declarado neutral porque piensa que no se puede ser neutral frente a la injusticia y explica que siempre son acusados de parcialidad por una y otra parte. Asimismo afrima que nunca ha habido un diálogo para la negociación ya que éste siempre ha estado supeditado a la lógica militar de ambas partes. Ante la pregunta de los observadores sobre el pronunciamiento de Gobernación ante la llegada de la comisión en la que se pretendía responsabilizar a la CONAI de la llegada de extranjeros a Chiapas manifiesta D. Samuel que no era le posible, ni como CONAI ni como presidente de esta instancia, hacer una invitación a la Comisión para que visitara México, aunque explicó que la CONAI estaba dispuesta a recibirla y mantener una entrevista con sus delegados. Estima que todo esto forma parte de una misma campaña pero que su postura de seguir trabajando por la paz sigue siendo inquebrantable y la califica de labor histórica. A continuación los observadores piden la valoración del obispo con respecto a la concesión a los observadores internacionales de formas migratorias FM3, fórmula que se ha inaugurado con esta Comisión. D.Samuel estima que este paso puede ser importante ya que significa el avance en el reconocimiento de la figura del observador. También reconoce que esto podría utilizarse para limitar la presencia de los observadores a un marco muy concreto, dadas las circunstancias que vive el país y la importancia que se concede a la visión que lleven los observadores de vuelta Europa, pero muesta en todo momento una actitud respetuosa hacia los requisitos que establecen las leyes migratorias del país. Se pregunta a D. Samuel por la plática con el pastor Arturo Varela a lo que responde que no se dió tal reunión por varios defectos de forma y porque considera que había en ella cierta intención de manipulación. También deja claro que Varela no representa a grupo religioso alguno, que sus relaciones con otros grupos religiosos transcurren por otros cauces y menciona una reunión ecuménica interreligiosa mantenida recientemente. Se pide la opinión del obispo con respecto a la interpretación de conflicto religioso que supuestamente se da en la zona norte del estado y éste remite a los observadores al documento Ni Paz ni Justicia, realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el que piensa que todo esto se documenta detalladamente. Manifiesta también que este conflicto no ha surgido de manera espontánea sino que ha sido inducido para favorecer el regreso del ejército que había salido de la zona por presiones nacionales y de habitantes locales que después se vió que eran bases de apoyo zapatistas o por lo menos no priístas. También relata en esta zona se produjo a un descenso abrupto de la militancia en el partido oficial y que esta violencia se generó para recuperar el control de esta situación por parte del ejército y los paramilitares. Señala que el objetivo de éstos es decapitar los movimientos de oposición partidista en función de las elecciones y que pese a que se logró expulsar a diez líderes de la oposición se declaró que esta zona reunía las condiciones de tranquilidad para que se desarrollaran unas elecciones, en opinión del obispo con un condicionamiento numérico muy claro. Dice también que lo grave de esta situación es que se ha ido extendiendo hacia otros lugares con una clara y constatada participación y connivencia por parte de las autoridades. Indica que hace dos meses hubo una reunión de pastores y de obispos y que hicieron una comunicación conjunta en la que daban su versión del conflicto. Señaló que en Chiapas, como en Irlanda, se habla de un conflicto religioso cuando se trata de un conflicto de poder. Con respecto a la pregunta de los observadores sobre el proceso de diálogo D. Samuel explica que no puede minimizarse el hecho de que existen unos acuerdos. Y que en el momento presente no se dan las condiciones necesarias para el diálogo. Se refiere al documento de CONAI-COCOPA y dice haber desmentido la versión de Gobernación sobre el hecho de que en este momento se den condiciones para el retorno al diálogo a través de un documento. Los observadores preguntan al obispo por los cuatros puntos de la propuesta de la COCOPA sobre los que el Gobierno mantiene observaciones y le plantea su percepción de dos actitudes diferentes de parte del ejecutivo y del ejército. El obispo afirma este punto y se refiere a los antecedentes de la negociación. También expone que considera que hay negligencia en la constitución de la COSEVER, Comisión de Seguimiento y Verificación y una falta de respeto hacia el EZLN como interlocutor. Señala a su vez que las cinco condiciones que el EZLN exige para retomar el diálogo y que fueron declaradas como atendibles desde un principio no sólo no se dan en la actualidad sino que la situación ha empeorado desde que se formularon. El obispo cita como ejemplo el número de presos zapatistas, que ha crecido sustancialmente, el aumento la violencia en la zona norte, y el hostigamiento constante a las comunidades indígenas por parte del ejército federal. Afirma también que no ha habido una relación ente la actuación del ejército y el proceso de diálogo, que el ejército parece actuar de manera autónoma y con el objetivo de generar divisiones en las comunidades e imposibilitar el consenso minando a las bases de apoyo del EZLN. En cuanto al proyecto de ley de la COCOPA el obispo señala cómo las objeciones del gobierno significan volver a plantear lo que ya se firmó en San Andrés y se pregunta cuál es la valided es esta firma y qué significa el diálogo si lo que se acuerda no se cumple. También expresó su preocupación por las garantías en que se pudieran desarrollar las otras mesas de diálogo. Samuel Ruíz fué muy claro en resaltar que no se puede regresar al diálogo si no se dan las condiciones y el problema actual reside en que lo que se firmó como consenso tenga que volverse a negociar. A una pregunta de los observadores con respecto a los efectos de la militarización y a la labor social que los efectivos del ejército federal supuestamente realizan el obispo responde en tono irónico que todo el mundo sabe que la labor de los militares no es sacar muelas o barrer en las comunidades. Explica que la obligación concreta de los 74.000 militares en la zona es la desparamilitarización, tarea en la que no se avanzado lo más mínimo. El obispo explica la labor del ejército como promotora de una dinámica de enfrentamiento civil así como de un clima de violencia y polarización. Estima que este proceso podría ser irreversible y que su objetivo sería la división de las comunidades como estrategia de para anular la base política del EZLN. Asimismo destacó la responsibilidad del ejército en la introducción de droga y prostitución en las comunidades y cómo la necesidad de muchas familias les impulsa a entregar a sus hijas a esta práctica a cambio del dinero que les entregan los soldados. Por último, y como respuesta al interés de los observadores el obispo se refiere a la pastoral indígena, sus orígenes y trayectoria e indica que está orientada a reconocer la Revelación que Dios hizo a los pueblos indígenas antes de la evangelización que se llevó a cabo en la conquista. Explica que este reconocimiento implica una iglesia encarnada en la cultura propia y no una sobreposición de una cultura presentada como el único camino para expresar la fé. Resalta que es la propia fé y no la de otros la que han de expresar y que no sólo hay que reconocer al indígena en su autonomía étnica sino inclusive en su autonomía dentro del campo de la Revelación. D. Samuel concluye que en todo el continente americano se está gestando un momento histórico donde el diálogo interreligioso que no se dió hace 500 años quizá se va a dar como respuesta a la emergencia de la teología indígena, y habla de nuevos sujetos emergentes con posibilidad de influir en el macrosistema que genera todas las situaciones que lamentamos -como el tradicionalmente oprimido Tercer Mundo, las mujeres, los indígenas etc.- A continuación, y como despedida, D. Samuel dedica unas palabras a la Comisión, a la que calificó de vital importancia, resaltando que jamás ha habido una misión de estas características, no sólo por el número sino por las circunstancias en las que llegó y por el hecho tener como origen los sucesos de Acteal.
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