El objetivo de esta ruta era responder a una demanda explícita de la Comunidad de La Asunción, constituida por desplazados de El Paraíso, que requirieron la presencia de los observadores internacionales con el fin de exponer la denuncia de su situación.

En los preparativos logísticos de la ruta, la Comisión recibió la desgraciada noticia del asesinato de uno de sus interlocutores de la ruta del día anterior, en el Norte del estado, por presuntos miembros del grupo "Paz y Justicia", según denuncia de la comunidad. Ante ello, la Comisión decidió incorporar como objetivo en la ruta de Sabanilla el desplazamiento a la Comunidad originaria del asesinado José Tila. Realizadas las gestiones no resultó posible integrar esta visita con los familiares de José Tila, manteniéndose la ruta de Sabanilla con el programa inicial.

Como es sabido por la prensa nacional e internacional la Comisión no pudo culminar con éxito el objetivo de esta observación en Sabanilla ante el bloqueo con amenazas para la integridad física de los observadores y sus acompañantes por parte de personas residentes en El Paraíso. La imposibilidad de realizar la observación como estaba prevista y, por tanto, de dar respuesta a la demanda de la Comunidad de La Asunción es un hecho que verifica de forma concreta y evidente el clima de violencia física y psíquica que existe en la zona Norte del Estado de Chiapas, y la vulneración que se produjo en relación a la vigencia y respeto de los derechos humanos.

Para acceder a Sabanilla la Comisión, una vez superado Ocosingo, viajó por una carretera (pista de tierra) en obras que anticipó la señal de una presunta inversión discriminatoria existente en esta zona. Esta zona es, junto con la de San Quintín, donde se pudo observar un elevado despliegue de maquinaria pesada de obras públicas, como excavadoras, apisonadoras, martillos mecánicos y otras herramientas, así como la preparación de puentes, asfalto y en general ensanchamiento de la vía de comunicación. Si la Comisión señala este hecho como singular es por la correspondencia que tiene con hechos materiales que fueron verificados una vez se llegó a El Paraíso, y por el contraste con la ausencia de este material en otras pistas igualmente necesitadas de una urgente modernización. Así las imágenes de desnudez, en cuerpos y pies, abandono en escuelas y otros equipamientos, y en general las carencias por lo demás observadas de forma reiterada en las rutas de la Observación, desaparecen cuando se llega a El Paraíso. No sólo se mejora su comunicación terrestre, sino que se ve dentro del pueblo nuevos barrios construidos con edificaciones recientes, tanto por la ubicación como por la calidad de los materiales empleados. Asimismo, los equipamientos educativos, tanto en relación con los aulas como con las instalaciones deportivas, se corresponden a una situación de progreso material. Espacios amplios, iluminados y reparados en aquellos elementos que así lo han precisado. La llegada de la Comisión sobre las 13 horas aproximadamente permitió a los observadores contemplar la salida de los alumnos y las alumnas, donde por la diferencia de edad evidente cabe pensar que no sólo se imparte educación primaria, sino también algunos niveles de educación secundaria; se hizo visible a esta Comisión el acceso de las niñas y las jóvenes a la educación. Los alumnos vestían con ropas nuevas y limpias, con material escolar adecuado y reciente.

Todos estos signos esperanzadores, en la medida que significan una mejora sustancial de las condiciones de vida de la población, no pudieron ser más contrastados ya que se produjo la obstaculización de la labor de los observadores, impidiéndose la posibilidad de comprobar las condiciones de vida de los desplazados de El Paraíso, reubicados en la Comunidad de La Asunción. En la entrada de El Paraíso, la Comisión observó la presencia de un puesto de la Seguridad Pública, compuesto por cinco personas uniformadas que en una actitud relajada contemplaron el paso de la Comisión y su retención ilegal por una barrera humana de unas doscientas personas durante quince minutos, hasta que se decidió regresar sin culminar la observación en la zona de Sabanilla. Esa misma actitud relajada y pasiva del puesto de la Seguridad Pública, y de la que hay testimonio gráfico y audiovisual, se mantuvo por parte de los representantes de la autoridad durante el rodeo de las gentes de El Paraíso a la furgoneta y el autobús donde viajaban los observadores y sus acompañantes, sin que en ningún momento el mando o los componentes del puesto de la Seguridad Pública se dirigieran al lugar del bloqueo para garantizar el libre tránsito de las personas por la zona, como es la obligación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en todo Estado de Derecho. Por el contrario contemplaron la situación con alardes burlones y despreocupados a pesar del clima agresivo que se generó hacia la presencia internacional de observación de los derechos humanos en esta Comunidad, incluidos los acompañantes nacionales.

Al llegar a El Paraíso, salieron al paso, rodeando los vehículos, mujeres y niños, mientras grupos de hombres permanecían ligeramente retirados, y dirigiéndose al representante del grupo de observación le obligaron a retroceder entre gritos, puños levantados en ademán agresivo, y la amenaza de que todo intento por seguir adelante en la ruta seria impedido "por las buenas o por las malas". La violencia se transmitía hacia todo el grupo desde la cabecera y desde las personas que rodeaban al resto del convoy, pero especialmente agresivas fueron las voces y gestos hacia el guía, que acompañaba a la Comisión, al ser reconocido como uno de los desplazados de El Paraíso a la Asunción. Ante el peligro evidente del linchamiento de esta persona y en general para la integridad física de los observadores se decidió no proseguir con el objetivo inicial de la Comisión. Cabe señalar por último que la Comisión se siente frustrada por no haber podido corresponder a la demanda de los desplazados que solicitaban ser escuchados. Asimismo, señalar que la Comisión tuvo que dejar al guía-acompañante a unos cinco kilómetros en la carretera de El Paraíso a Yajalón, para que pudiera mediante un rodeo por las montañas, de aproximadamente cinco horas, llegar a su comunidad de La Asunción, siempre temiendo por su integridad.

3.8. REPORTE DE LA VISITA A LA COMUNIDAD DE JOLNIXTIÉ

El miércoles 4 de marzo se dirigió hacia el poblado de Jolnixtié, 1a. sección, perteneciente al municipio de Tila,, en la zona norte del estado de Chiapas, una comitiva integrada por tres miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos y dos periodistas.

En concreto participaron en la salida dos observadores extranjeros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, un activista de la red de Derechos Humanos ¨Todos los Derechos para todos¨ procedente de la ciudad de Guadalajara,, estado de Jalisco, una periodista de Radio Universidad de Guadalajara y un periodista del diario ¨La Jornada¨.

El Centro de Derechos Humanos ¨Fray Bartolomé de Las Casas¨organizó y se responsabilizó de la actividad, obedeciendo a la petición de la comunidad de Jolnixtié, que solicitaba la presencia de activistas mexicanos de Derechos Humanos y Observadores Internacionales para denunciar el asesinato de José Tila López García, la situación creada por el luctuoso suceso y la realidad que se vive la zona.

Los visitadores sortearon el puesto de migración ubicado en el municipio de Salto de Agua sin más novedad que el control por escrito de las Visas FM3 de los dos Observadores Internacionales. La ruta normal que se debería realizar desde San Cristóbal de las Casas es: dirección Ocosingo y desde esta ciudad encaminarse hacia Tila para acceder a la zona por los poblados de El Limar, Panchuc o Miguel Alemán.

Este camino está controlado por retenes del grupo ¨Desarrollo, Paz y Justicia¨, lo que obligó a la comitiva, tanto para garantizar el éxito de su misión, como la integridad física de los participantes, a seguir una ruta ¨alternativa¨ que supuso doblar el tiempo normal de llegada. Desde Ocosingo se siguió hasta la altura del municipio de Venustiano Carranza y de allá se cortó hacia Salto de Agua, para así introducirse en el estado de Tabasco y de ahí a la zona de Jolnixtié, dando la espalda a la zona más férreamente controlada por los grupos paramilitares. Tras superar el retén militar de Melchor Ocampo se pasó la comunidad de Carmen Chinal y se llegó a la de Misopá Chinal, ya visitada hacía una semana por la Comisión Civil Internacional, donde dejamos los vehículos y después de un breve descanso iniciamos la marcha hacia Jolnixtié, 1a. sección.

Antes de la partida, uno de los Observadores Internacionales comprobó el estado de salud de dos mujeres enfermas a las que una doctora de la Comisión había visitado la semana anterior diagnosticando un padecimiento de anemia, provocado por malnutrición flagrante, y una aguda infección vaginal post.parto, respectivamente. El Observador pudo verificar que el estado de ambas personas seguía estacionario, apuntando una leve mejoría.

La responsabilidad del Gobierno, en cuanto a desatención sanitaria de una gran parte de la población de la zona, sigue intacta. Sobre el mediodía se inició la marcha, acompañados los 5 visitantes por unos treinta indígenas choles de Misopá y comunidades vecinas. Mujeres, jóvenes, niños, personas maduras y hasta algún anciano, fueron los primeros acompañantes en la silenciosa y dura caminata que duró cuatro horas y media. Durante el trayecto se pudieron observar los trabajos de apertura y construcción de carreteras que está llevando a cabo el ejército. En las cercanías de la comunidad de Emiliano Zapata se verificó la presencia de un helicóptero ocupado por autoridades gubernamentales y de efectivos militares. Se informó que esta delegación venía de dialogar con la comunidad de Jolnixtié, 1a. sección, para buscar una solución al conflicto generado desde el asesinato de José Tila López García. La población respondió a la violencia sin castigo con el bloqueo del camino, que pasa por el centro del núcleo habitado, y la expulsión del destacamento de Policía, formado por unos 15 agentes.

Jolnixtié, 1a. sección, está en lucha reivindicando justicia por la muerte el pasado 21 de febrero del ¨desplazado¨ José Tila, quien el 20 de febrero ofreció su testimonio en Misopá Chinal a la CCIOPDH.

Una vez vadeado el río de Emiliano Zapata, donde se está construyendo un puente de hormigón desde hace dos años sin respetar el entorno, se siguió la marcha y, poco a poco, se fueron uniendo más personas a la comitiva. Durante la jornada no se produjo ningún encuentro con retenes de ¨Paz y Justicia¨, seguramente por la protección que brindaron los indígenas a los visitadores. Al final del recorrido arropaban a la comisión más de 150 personas. Antes de llegar a Jolnixtié se hizo una parada en el punto donde ocurrió el ataque y asesinato de José Tila, cerca del puente de ¨Siete pasadas¨ y tras pasar este punto la caravana se detuvo un momento en silencio ante el humilde símbolo de recuerdo y homenaje que se había hecho en memoria del finado: una cruz de madera rodeada de flores y con una vela encendida a cada lado. En Jolnixtié, 1a. sección, esperaban a los visitantes la mayoría de los convecinos agrupados en hilera al borde de la carretera tras el punto donde se realiza el bloqueo de la ruta, control presidido por una bandera negra con una estrella roja y otra mexicana. Por el centro del camino pasaron los delegados de las diferentes comunidades y los acompañados forasteros, que fueron recibidos con aplausos y gritos de ¨Vivan los Derechos Humanos¨.

Tras un descanso para reponer fuerzas, se decidió empezar la labor de levantar testimonios motivados por violación de los Derechos Humanos a primera hora del día siguiente. El tiempo hasta finalizar el día transcurrió entre el descanso y la plática informal con mucha de la gente que se acercó hasta los visitantes.

Todas las conversaciones coincidieron, en un momento u otro, en la inquietud que sienten los pobladores ante los sucesos ocurridos el 22 de diciembre en Acteal. Se pudo comprobar la preocupación y temor de que un hecho de esa envergadura pueda volver a ocurrir y se percibió el miedo y la indignación de la gente de que pueda suceder una nueva masacre, pero ahora en la zona norte.

A las 8h. de la mañana del jueves día 5 de marzo de 1998 se constituyó en la comunidad de Jolnixtié, 1a. sección, la relatoria oficial sobre violación de Derechos Humanos por el asesinato de José Tila López García. Ante los activistas por la defensa de los Derechos Humanos se personó la familia del asesinado y un delegado de la comunidad que actuaba como traductor-intérprete.

Al lado derecho se ubicaron, sentados, el resto de delegados de la comunidad, y,rodeando el improvisado espacio se aglomeró una gran nube de gente que mostró en todo momento interés, respeto y expectación. Ofreció su testimonio la familia de José Tila, encabezada por su padre, don José Torres López, que realizó funciones de portavoz, la esposa, doña Reina Torres García (que siguió con suma atención las declaraciones del padre y apuntó algún detalle olvidado) y cuatro de sus cinco hijos de edades comprendidas entre los 8 meses y los 5 años. Se pudo comprobar el precario estado de salud de la esposa y del bebé al que amamantaba durante la declaración.

A continuación se extracta el contenido de la denuncia que se realizó ante los relatores de Derechos Humanos:

José Tila López García y su familia son originarios de la comunidad de Tzaquil y desde hace dos años viven en condiciones penosas como ¨desplazados¨ acogidos en Jolnixtié, 1a. sección. José Tila fue asesinado a la edad de 23 años y antes de ser expulsado de Tzaquil ya había recibido varias amenazas de muerte por parte de dirigentes locales del grupo ¨Paz y Justicia¨. En concreto los amenazantes habían sido:

Augusto Torres Martínez, Isabelino Torres Martínez, Cristóbal Gómez Torres y Ernesto Torres García. En 1996 fue nombrado representante legal y delegado de la comunidad de Tzaquil, y desde hacía varios años realizaba labores de catequista en su comunidad. Desde 1993, aproximadamente, José estaba organizado como base de apoyo zapatista y era considerado entre la comunidad como un ¨defensor de los pobres¨.

En 1996 el asesinado fue expulsado junto a su familia y ocho familias más de Tzaquil,, la iglesia y sus casas fueron quemadas, sus tierras robadas.

El día de su asesinato, José y su padre se dirigían por el camino hacia Emiliano Zapata con la intención de comprar maíz para asegurar el sustento de la familia. En un tramo del camino se encontraron con 7 hombres montados a caballo, a los que identificaron personalmente y como miembros del grupo ¨Paz y Justicia¨. Sin más comentario siguieron sus pasos y los agresores, viendo la situación favorable para matar, tramaron en un momento la decisión. Persiguieron a la pareja, los enlazaron como si fueran reses, el padre consiguió escaparse huyendo hacia el monte, pero antes de que lo intentara José Tila fue herido por dos balazos del calibre 22 que se alojaron en el lado derecho de su pecho. A continuación fue salvajemente rematado por 16 golpes de machete, que insistieron, sobre todo, sobre su cabeza, brazos y manos. José Tila murió en el acto y su padre anduvo escondido por la montaña durante todo el día, hasta que al anochecer llegó a la comunidad de Emiliano Zapata, donde comunicó el ataque sufrido y el desconocimiiento que tenía sobre la suerte que habría corrido su hijo.

Habitantes de Emiliano Zapata comunicaron al ejército lo sucedido y a las 8 de la mañana del día siguiente salieron hacia el lugar un grupo de militares, que encontraron en un punto distante unos 40 metros del puente de las ¨Siete pasadas¨, al lado del arroyo de ¨Las siete pasadas¨, el cuerpo de José Tila. El secretario del Ministerio Público de El Limar se presentó al tiempo y comunicó a la comunidad de Emiliano Zapata el hallazgo. En la mañana del día 22 se avisó a la policía que no acudió al lugar de los hechos.

En este punto realizaron declaraciones otros testigos de la comunidad que levantaron el cuerpo, ya que el padre, aterrorizado, se mantuvo escondido durante un tiempo.

Se encontró el cadáver en posición de boca arriba y sin algunas de sus pertenencias: faltaba su gorra blanca, la credencial de nacimiento, la camisa blanca , su mochila, linterna y la cifra de 4.500 pesos con los que se dirigían a comprar el maíz. El cadáver fue trasladado en camioneta, cedida por los constructores del puente de Emiliano Zapata, hasta Emiliano Zapata y de allá se transportó por miembros de la comunidad hasta Jolnixtié. Aquí fue velado su cuerpo durante un día y una noche para, después, ser transportado en hamaca hasta su comunidad de origen, Tzaquil , acompañado por unas 150 personas. En Tzaquil está enterrado José Tila López García.

Durante la declaración, el señor José Torres López identificó con total precisión, incluso de indumentarias, a los asesinos: Eulalio López García, Pablo López Pérez, con cargo de agente rural, Mateo López Pérez, Plácido López Pérez, Juan José García Pérez, Salomón López Pérez , todos ellos residentes en la vecina comunidad de Libertad Jolnixtié, y dos de ellos hijos del dirigente local de ¨Paz y Justicia¨, Carmelino López. Teo lópez Pérez, residente en Panchuc. Los integrantes de este grupo fueron descritos como gentes sin escrúpulos ni creencias religiosas, salteadores de caminos y ladrones de ganado.

Se preguntó a José Torres López cual era el estado anímico suyo y de la familia y contestó que había perdido a su único hijo y que se encontraban todos muy desolados. En este punto tomó la palabra el delegado de la comunidad que realizó, muy puntualmente, las tareas de traducción del chol al español, el señor Candelario García García.

Denunció a esta comisión de relatores la actuación negligente y desentendida de la policía con respecto al caso. La policía ha aducido que no tienen ninguna orden de detención hacia los presuntos asesinos, aunque hayan sido avisados de la situación y denunciados los agresores delante del destacamento de Jolnixtié en cuatro ocasiones consecutivas. Ante la inoperancia de la policía se pidió la intervención del ejército, que hasta el momento ha contestado igual: no tienen ninguna orden de detención hacia esos individuos ni competencias para actuar.

v La Seguridad Pública ha sido acusada de estar implicada en la huída de los asesinos, y gracias a las presiones de la comunidad de Jolnixtié se consiguió la detención del miembro de ¨Paz y Justicia¨residente en Panchuc.

Los otros seis asesinos no han aparecido y la comunidad decidió expulsar al destacamento de Policía acantonado en su zona bajo el mando del comandante Juan Díaz González y proceder al bloqueo de la carretera de forma permanente, situación que se mantenía durante el día 7 de marzo.

Testificaron que el Subprocurador de Justicia , Eduardo Montoya, ha visitado Jolnixtié tres veces en este tiempo sin plantear solución alguna a sus revindicaciones y exigiéndoles el levantamiento del bloqueo. La respuesta del Gobierno ha sido negativa y a veces agresiva, por lo que el señor Candelario manifestó textualmente: ¨No hay esperanza de que se vaya a resolver el conflicto. Ya no nos queda otro recurso que defendernos¨ y para ello ¨palos y piedras son nuestras armas¨.

A posteriori los testimonios se centraron en la situación que vive la comunidad. Se denunció el cerco que sufren desde hace dos años por los grupos paramilitares de ¨Paz y Justicia¨, lo que provoca la ausencia del derecho a la libre movilidad. Consecuencia directa de esta realidad es la desatención que viven en cuanto a servicios religiosos, educativos, sanitarios y de cualquier tipo. También manifestaron que se vive una gran tensión en la zona y que no están dispuestos a seguir dejando que los maten impunemente.

Finalizó la sesión en Jolnixtié, 1a. sección, y por la tarde nos dirigimos hacia la comunidad vecina de Libertad Jolnixtié donde, se pudo tomar testimonio a dos representantes de la comunidad, que habían padecido, junto con una gran parte de la población una situación de expulsión, de la que habían podido rehacerse y regresar a Libertad Jolnixtié, no sin antes haber perdido sus cosechas y pertenencias.

Denunciaron ante la Comisión relatoria de Derechos Humanos la desatención en todos los servicios básicos con que los castiga el gobierno por pertenecer a la organización de bases de apoyo zapatistas. Unas 110 familias del poblado se adscriben a esta organización frente a unas 30 familias que participan activamente en los grupos de ¨Paz y Justicia¨. Los cerca de 500 habitantes pro-zapatistas no disponen de servicios religiosos (la iglesia fue saqueada cuando se produjo su expulsión), educativos (disponen de unas humildísimas instalaciones cedidas y presididas por una pizarra en blanco y se encuentran a la espera de que el gobierno les conceda la licencia de apertura y funcionamiento para así volver a disponer de maestros estables ), ni sanitarios.

Denunciaron la estrategia de provocación que promueve el gobierno al instalar por la fuerza, en la zona alta y central del poblado, un campamento militar, agravado por la adjudicación a familias de ¨Paz y Justicia¨ de un proyecto productivo del SEDESOL dedicado a la cría de borregos. Los campesinos zapatistas ofrecieron 5 hectáreas de terreno no cultivado y de propiedad comunal para que se llevara a cabo el proyecto fuera del núcleo habitado, pero su oferta fue premeditadamente rechazada y el proyecto se concretó justo en el centro de la comunidad. Los relatores de derechos humanos pudieron comprobar como el SEDESOL había permitido y consentido que el alambre de espino se tendiera en una amplia parcela habitada y llena de construcciones, rompiendo con caminos tradicionales y vías de acceso a hogares y equipamientos de la comunidad como la ¨clínica¨y la escuela, donde sólo los hijos de los miembros de ¨Paz y Justicia¨ reciben educación.

Se pudo comprobar la tensión que se vive en el poblado ya que durante la estancia de la comisión en Libertad Jolnixtié los únicos sonidos que se percibían claramente eran los de los animales de cría que campaban y los gritos de los soldados jugando a baloncesto. Todo lo demás era un denso silencio.

Al atardecer se regresó a Jolnixtié,1a sección, y al caer la noche se mantuvo una plática con delegados y habitantes del municipio que se acercaron a la residencia preparada para acoger a los visitantes. Se habló de la gravedad de la situación política que atraviesan las personas organizadas como base de apoyo zapatista, el temor a que se reproduzca un nuevo Acteal en la zona norte, los intentos del gobierno por enfrentar a los choles entre sí, del papel preponderante de los maestros en el funcionamiento del grupo ¨Paz y Justicia¨y de cómo hacía dos años que se había asesinado al maestro de Libertad Jolnixtié por no querer integrarse en grupos paramilitares y como esa medida había servido para ahuyentar a todo aquel profesional de la enseñanza que no estuviera dispuesto a seguir las consignas de los militantes del PRI.

Desde la CCIOPDH se preguntó si los habitantes de Jolnixtié, 1a sección, veían la necesidad de crear un Campamento Civil por la Paz en la zona, a lo que diferentes delegados de la comunidad respondieron que esa medida sería ¨una cosa muy buena para el pueblo¨.

Comentaron que el lugar más adecuado para ello sería el de Jolnixtié, 1a sección, por encontrarse en el centro de la zona afectada por el conflicto.

Los representantes de la Comisión Civil Internacional explicaron que la situación en cuanto a crear nuevos campamentos con carácter estable está muy difícil en estos momentos, ya que se cubren con ciertas dificultades los ahora abiertos, pero que se recogía su demanda y se difundiría por la Red de Solidaridad Europea, coordinándose con los organismos que trabajan en este sentido.

Antes de acabar la jornada se presentó una persona para declarar sobre violaciones de los derechos humanos, al que se recogió el testimonio:

El testificante, Encarnación Pérez Pérez, declaró tener un primo y otro familiar injustamente encarcelados en una prisión del estado de Tabasco, acusados de apropiación de tierras. El caso se remontaba a hacía más de 20 años y por él ya habían sido asesinados su padre y un hermano. Después de dos años sin sentencias ni juicio habían sido amenazados de muerte, golpeados y negados alimentos y cualquier otra atención, por lo que se solicitaba el traslado de ambos a la prisión de Cerrohueco.

Adjuntamos una carpeta de las denuncias recogidas durante nuestra presencia y donde se detalla más este caso, para el que se pide el envío de cartas al director de la prisión y al gobernador de Tabasco solicitando el traslado de estos presos y la revisión de su situación judicial.

Antes de finalizar el día los delegados de la comunidad hicieron entrega a la comisión relatoria de un escrito para hacerlo llegar al Subprocurador de Justicia del estado de Chiapas y al Gobernador solicitando su presencia para el día 7 de marzo en Jolnixtié, 1a sección, con el fin de dialogar sobre el levantamiento del bloqueo de la carretera, desbloqueo al que parecían dispuestos a acceder si garantizaban su presencia representantes de las autoridades.

A primera hora de la madrugada del viernes día 6 de marzo regresaba la delegación hacia Misopa-Chinal, donde fueron despedidos por la comunidad y sus representantes agradeciendo la presencia efectuada.